Polí­tica

Judicializar una política pública, otra cara del lawfare

Este jueves 4 de marzo a las 10:30 horas, la Cámara Federal de Casación Penal tomará declaración de forma virtual por la causa llamada popularmente “Dólar futuro” a Cristina Fernández de Kirchner, como expresidenta, y a Axel Kicillof, su entonces ministro de economía; entre otros. Un litigio que devela la avanzada del Poder Judicial contra los funcionarios de un gobierno al servicio de las mayorías.

El Dólar Futuro consiste en la celebración de un contrato en pesos donde dos partes fijan el valor de la divisa extranjera en una fecha futura determinada. Llegada esa fecha, se abona en moneda local, pudiendo ganar o perder tanto el comprador como el vendedor, dependiendo de la cotización oficial del dólar en relación a la del contrato.

En octubre de 2016, el exsenador nacional Federico Pinedo y el diputado nacional Mario Negri denunciaron al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, y a su directorio por “administración infiel”; acusándolos de vender Dólares a Futuro por debajo de la cotización.

Con esta excusa, el entonces juez federal Claudio Bonadio llamó a indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien fuera su ministro de Economía, Axel Kicillof, y a varios funcionarios nacionales. La causa es una más dentro de la embestida del Poder Judicial hacia Cristina y la dirigencia que gobernó nuestro país entre 2003 y 2015, enmarcada en la estrategia regional del lawfare hacia los líderes populares, habiendo sido la gran mayoría de denuncias casualmente sorteadas en el juzgado del fallecido magistrado.

En agosto del año pasado, especialistas de la Corte Suprema de la Nación realizaron una pericia que determinó que el Dólar Futuro, aplicado en numerosos países alrededor del mundo, no significó un daño para las arcas del Estado argentino. Fue gracias a esa operatoria que se logró evitar una corrida cambiaria, sosteniéndose las reservas existentes en el Banco Central. La firma de la pericia fue unánime. Sin embargo, la persecución continuó.

Lo llamativo es que con esta medida los que tuvieron ganancias, una vez asumido Mauricio Macri, fueron integrantes y socios de Cambiemos, quienes produjeron una fuerte devaluación con la que se enriquecieron ellos mismos. El juez Claudio Bonadío autorizó pagarles las ganancias, confirmando que la política había sido legal.

Cabe mencionar quiénes son algunos de los ex funcionarios que compraron Dólar Futuro días antes de la devaluación: el exdirector del Banco Central Pablo Curat, el exembajador argentino en los Estados Unidos Martín Lousteau, la empresa constructora Caputo S.A, propiedad de Nicolás Caputo (amigo de la infancia y hombre de confianza de Mauricio Macri), las empresas Socma-Chery de la familia del expresidente Macri, el jefe de asesores de Mauricio Macri y apoderado del PRO a nivel nacional José María Torello, el execretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana y el exsecretario de Coordinación de Políticas Públicas Gustavo Sebastián Lopetegui.

Asimismo, se pueden encontrar entre los compradores a dos empresas de medios de comunicación: La Nación S.A y Cablevisión S.A.

Esta no es una causa de corrupción. En este caso no se acusa a ningún funcionario del gobierno kirchnerista de haberse beneficiado a sí mismo. Se los acusa de haber tomado una decisión de política económica buscando evitar una corrida cambiaria. Se los acusa de representar los intereses del pueblo, básicamente lo que deben hacer los funcionarios.

 

 

Derechos Humanos
El TOF 4 de San Martín condenó a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad a los genocidas Eduardo Eleuterio Ascheri, Jorge Eligio Bano, Marcelo Cinto Courtaux, Roberto Dambrosi y Luis Ángel Firpo por su responsabilidad en la detención y desaparición de miembros de la Contraofensiva Montonera. Las fotos de las víctimas y los pañuelos enmarcaron este fallo histórico, tanto en la sala como en las pantallas de los familiares que siguieron la sentencia de forma remota.