Frente de Mujeres

Jujuy: tres femicidios en 15 dí­as y la respuesta patriarcal del gobierno provincial

Septiembre en Jujuy está marcado por desapariciones y femicidios de mujeres jóvenes. En medio de una pandemia, la violencia de género se recrudece mostrando su peor cara mientras el gobierno de Gerardo Morales hace agua por su ausencia en polí­ticas públicas y utiliza, una vez más, las fuerzas de seguridad provinciales para reprimir un estallido social que da muestras del hartazgo que existe alrededor de este tema.

El mes comenzó con la desaparición de Cesia Reynaga, una adolescente de 20 años que fue encontrada nueve dí­as después en un estanque por un llamado anónimo. El femicida, otro adolescente de 15 años quien contó con el encubrimiento de su padre y abuelastro.

El 23 de septiembre en Palpalá, desaparecen a Iara Sabrina Rueda de 16 años, quien salió en su bicicleta y jamás volvió. Al dí­a siguiente, Gabriela Cruz de 24 años salió a comprar y todaví­a la estamos buscando.

El dí­a en que encontraron el cuerpo de Iara en un descampado, familiares, amigas y amigos de ambas adolescentes decidieron cortar la ruta nacional 66 exigiendo al Estado que disponga todos los recursos para buscarlas. Como respuesta obtuvieron el intento de desalojo y constante amedrentamiento de las Fuerzas de Seguridad. Los reclamos apuntaban a la policí­a que según vecinos no habí­an actuado con celeridad desde el momento en que se radicaron las denuncias.

El cuerpo de Iara fue encontrado en un descampado que habí­a sido rastrillado el dí­a anterior por familia, amistades, comunidad y militantes que acompañaron.

Ante el hallazgo, las familias debieron esperar más de 8 horas para reconocer el cuerpo sin ningún tipo de acompañamiento profesional por parte del estado.

Como respuesta, en Pálpala se desencadenó una pueblada que reunió a más de 10 mil personas en reclamo por las ví­ctimas y, de manera inmediata, se replicó en varias localidades pese a la extrema crisis sanitaria producto del COVID-19 que atraviesa la provincia.

La sociedad urge por respuestas y por un cambio cultural en el que se debe avanzar con polí­ticas públicas con perspectivas de género, integrales y planificadas estratégicamente para prevenir y erradicar las violencias machistas.

Sin embargo, la respuesta del gobierno de Gerardo Morales fue la represión por parte de la policí­a a un pueblo que exigí­a Justicia por Iara la aparición con vida de Gabriela. Esta pueblada genero la misma reacción en otras localidades de la provincia replicando y multiplicando las voces de las mujeres de Jujuy y de la realidad que se vive.

Al dí­a siguiente, el 29 de septiembre, otro femicidio más sacude a la provincia: una mujer de la localidad de Perico, que participó el dí­a anterior de la marcha, madre de tres hijos, aparentemente envenenada por su pareja quien posteriormente se suicidó.

Jujuy, una provincia signada hace más de 4 años por persecuciones, detenciones arbitrarias, represiones y violencia institucional y patriarcal como polí­tica de Estado.

En materia de prevención, la provincia cuenta con un Concejo Provincial de la Mujer creado en diciembre del 2019, sin recursos propios y que no avanza en un plan integral contra la violencia machista. Es necesario remarcar que la provincia viene liderando los í­ndices en materia de violencia familiar, de género, violencia en los ví­nculos detectados a temprana edad en adolescentes, abuso sexual infantojuvenil intrafamiliar y femicidios. El resultado de esta realidad y la falta de polí­tica pública es que las ví­ctimas son cada vez más jóvenes como así­ también los femicidas.

Asimismo, cuando una mujer o disidencia sufre violencia de género y/o desaparece, la familia se ve obligada a deambular por comisarí­as y oficinas esperando una respuesta sin acompañamiento jurí­dico ni psicológico especializado.

A esto también se debe sumar la protección por parte del Gobernador a funcionarios de primera lí­nea con vastas denuncias por violencia de género y persecución que aún continúan ejerciendo sus funciones con total impunidad.

Tal es el caso del Ministerio Publico de la Acusación que está cargo de Sergio Lello Sánchez, quien cuenta con denuncias en su contra por violencia de género y por armar causas para perseguir a opositores.

En relación al Ministerio de Seguridad, las medidas tomadas se materializan en la represión al pueblo. A su vez, es importante remarcar que aún hoy las comisarias continúan sin tomar denuncias por violencia de género y que a nivel provincial sólo hay una Comisarí­a de la Mujer.

A esto se debe agregar que en este Ministerio, como tanto otros, tení­a un funcionario (primo del Gobernador) quien fue denunciado por abusar sexualmente de una sobrina y estaba a cargo de la Secretaria de Relaciones con la Comunidad encargándose de dar charlas de violencia de género. Fue apartado de ese cargo por la presión de las denuncias de las organizaciones feministas, pero contenido con un contrato en otra dependencia.

Otro factor a considerar es la nula rendición de cuentas en la provincia desde que asumió Morales y que los presupuestos aprobados no están detallados. Lo que significa que nadie sabe cuánto dinero se destina hoy para prevenir y erradicar la violencia de género.

Jujuy es la provincia donde gobierna el patriarcado y la impunidad, donde los funcionarios con denuncias por violencia de género son amparados y protegidos y donde los reclamos son ignorados, cajoneados, reprimidos y criminalizados.

Cuando se afirma que el Estado es responsable es por la falta de polí­ticas públicas con perspectiva de género y porque los gobiernos liberales son puro slogan y llenos de palabras lindas, pero excluyentes, clasistas y patriarcales.

JUSTICIA POR IARA

JUSTICIA POR CESIA

APARICIí“N CON VIDA DE GABRIELA

#NiUnaMenos #ElEstadoEsResposable

La Cámpora en Jujuy

Ciudad de Buenos Aires
El domingo 17 de marzo participamos, por cuarto año consecutivo, de la Marcha de las Antorchas en el barrio de Lugano 1y2 bajo el lema “Iluminemos las calles con memoria” y en unidad con todas las organizaciones del campo popular de la comuna y el Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 8.