Derechos Humanos

El 10 de diciembre terminó también la doctrina Bullrich

Recientemente se dieron a conocer graves delitos de violencia institucional, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. El gobierno reaccionó con celeridad repudiando los hechos y poniendo a disposición todas las herramientas disponibles para preservar a las víctimas y garantizar que se haga justicia. En Chaco, por indicación del gobernador Jorge Capitanich, se apartó inmediatamente a los policías implicados. En Tucuman, ya se encuentran detenidos los involucrados y está identificado el oficial que efectuó el disparo.

El 31 de mayo en la ciudad de Fontana, Chaco, efectivos de la Policía provincial ingresaron violentamente por la madrugada en la casa de una familia Qom sin orden de allanamiento para luego torturar, golpear, abusar y humillar a los y las integrantes; quienes posteriormente serían trasladados.

El gobierno provincial, por orden del gobernador Jorge Capitanich, una vez anoticiado de los hechos de enorme gravedad, apartó a los efectivos policiales implicados. Asimismo, se indicó que el Estado será querellante en la causa “para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia por las víctimas”, según sostuvo en conferencia de prensa la ministra de Seguridad y Justicia provincial, Gloria Zalazar.

Este acto no es aislado sino que se concatena con otros de violencia institucional hacia integrantes de comunidades indígenas, agudizados desde el inicio de la cuarentena. En todos ellos, el gobierno de la provincia vehiculizó canales de diálogo en pos de intervenir en los conflictos y atender a las víctimas.

Al respecto, el presidente Alberto Fernández enfatizó en sus redes sociales: “Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.

Del mismo modo, se pronunció el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. “Celebramos la decisión del gobierno de Chaco de ser querellantes contra los policías acusados. La sanción política y judicial es la mejor acción para erradicar esta problemática. En la Argentina que estamos construyendo no hay lugar para la violencia institucional. Desde el Estado nacional tenemos el compromiso de acompañar a las víctimas y de trabajar para que haya justicia”, remarcó.

Esta situación viene en línea con el grave hecho ocurrido en la provincia de Tucumán donde un policía baleó por la espalda al trabajador rural Luis Armando Espinoza durante un procedimiento policial en cumplimiento de la cuarentena, según refirió el hermano de la víctima. Su cuerpo estuvo desaparecido durante 7 días y fue encontrado a 80 kilómetros del hecho.

Por el homicidio se encuentran detenidos los policías que intervinieron en el operativo y ya se pudo identificar al que realizó el disparo: José Morales.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, destacó sobre esto: “Hay que caerles con todo el peso de la ley. Todos aquellos que hayan cometido el delito, que hayan sido partícipes de este asesinato, tienen que ser juzgados, condenados y ojalá que esto se haga rápido”.

También se pronunció con celeridad el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien afirmó en sus redes sociales: “Me sumo al reclamo de justicia. Toda mi solidaridad y apoyo a la familia en este duro momento. La violencia institucional la erradicamos entre todxs”.

Terminaron los tiempos de impunidad y condecoración a quienes atentan contra la democracia. Volvieron los de la conducción civil a las fuerzas de seguridad con el fin de erradicar, de una vez y para siempre, la violencia institucional.

 

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