El genocida Gonzalo “Chispaˮ Sánchez, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, fue extraditado por segunda vez de Brasil y trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales. Allí quedará detenido provisoriamente por al menos los 14 días en los que cumplirá la cuarentena obligatoria dispuesta para quienes provienen del extranjero, para luego dar respuesta ante la justicia de nuestro país.
Se le atribuye formar parte de los grupos de tareas de la ex ESMA y ser uno de los secuestradores del periodista, escritor y militante político Rodolfo Walsh.
En una operación supervisada personalmente por el canciller Felipe Solá, llegó al Aeropuerto de Ezeiza en un avión de la Policía Federal Argentina que lo trasladó desde la provincia de Misiones.
La Cancillería argentina, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Migraciones; lograron este hecho histórico enmarcado en la delicada situación política y sanitaria de la República de Brasil. Cabe destacar que se trata del primer caso de extradición por causas de lesa humanidad durante el gobierno de Jair Bolsonaro, quien reivindica a la dictadura militar tanto de su país como de Paraguay y de Chile.
El genocida de 69 años quedó a disposición del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, subrogante del juzgado federal 12 en el que está radicada la megacausa ESMA, por la cual se encontraba prófugo.
El ex prefecto y genocida Gonzalo “Chispa” Sánchez deberá responder por 900 hechos como parte del Grupo de tareas de la ex ESMA, dentro de lo cual participó en el operativo que el 25 de marzo de 1977 secuestró y asesinó en el barrio porteño de San Cristóbal a Rodolfo Walsh, quien tras investigar con su célebre “Operación Masacreˮ descubrió la trama de los fusilamientos llevados a cabo por la autodenominada “Revolución Libertadoraˮ, fundando en ese momento el estilo literario de la Novela de No ficción o Novela Testimonial.
Fue detenido el lunes por la Policía Federal de Brasil en la ciudad de Paraty a partir de una orden de captura del Supremo Tribunal Federal de ese país para cumplir con la extradición aprobada en el año 2017.
Gonzalo “Chispaˮ Sánchez fue acusado tanto por sobrevivientes de la ex ESMA en el exterior, ante la Conadep y en el Juicio a las Juntas, aunque no tuvo que cumplir condena alguna por la sanción de las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final, derogadas en el año 2003 por el gobierno de Néstor Carlos Kirchner; cuando ya estaba prófugo en Brasil desde hacía 3 años.
En el 2013, mientras gobernaba la ex presidenta y ex presa política Dilma Rousseff, lograron detenerlo previa extradición y en el 2016 fue beneficiado con prisión domiciliaria, como muchos otros genocidas durante el macrismo. En ese contexto logró escapar y volver a radicarse en Brasil.
El presidente Alberto Fernández, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, remarcó: “Vamos a recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Queremos asegurar con celeridad el papel que históricamente le correspondió al Estado en cuanto a responsable de las políticas públicas que garantizan el proceso de Memoria, Verdad y Justiciaˮ.
Esta extradición, sumada a la sentencia del día de ayer en Rosario donde seis genocidas fueron condenados a perpetua y otros cuatro a penas de 16 a 22 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía de la Provincia de Santa Fe durante la dictadura genocida; confirman que a pesar de la delicada situación económica y sanitaria que estamos atravesando, no vamos a paralizar la defensa y garantía de los Derechos Humanos en nuestro país.
