Economía

El rol del Estado frente a la pandemia

El coronavirus COVID-19 trae consigo la necesidad de un Estado presente, tanto en materia sanitaria para garantizar diagnóstico, prevención y tratamiento de las personas infectadas; como en materia económica para poder hacerle frente a las necesidades de los argentinos y argentinas que ven frenada su actividad laboral a consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el gobierno nacional en pos de reducir la propagación del virus.

El conjunto de medidas implementadas por el gobierno nacional alcanza los $555.550 millones, proyectándose políticas activas que abarcan 2,5 puntos del PBI, según reveló un reciente informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda analizó las medidas adoptadas en el marco de la pandemia.

En primer lugar, se le eximió del pago de las contribuciones patronales a los sectores de turismo y recreación, los más golpeados por el aislamiento social.

También se lanzó una línea de crédito a bajas tasas por unos 350 mil millones de pesos para así poder garantizar la producción y abastecimiento de alimentos e insumos básicos; al tiempo que el programa de Recuperación Productiva (REPRO) colaborará con aquellas empresas que no puedan abonar los salarios.

En el mismo sentido, se realizaron medidas específicas para los sectores más vulnerados de la sociedad: se otorgó un aumento en el seguro de desempleo, se realizará un pago extra para la AUH (Asignación Universal por Hijo) y la AUE (Asignación Universal por Embarazo) mediante un bono de 3103 pesos, alcanzando a más de 4 millones de titulares, también recibirán un bono de 3000 pesos las jubiladas, jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo; alcanzando a más de 4 millones de personas. De igual modo, los titulares de programas sociales que cobren la mitad de un salario mínimo recibirán un bono de  3000 pesos, beneficiando a más de 500 mil personas y los trabajadores informales, desocupados y monotributistas de las categorías más bajas (A y B), recibirán un bono de 10 mil pesos bajo el concepto de Ingreso Familiar por Emergencia (IFE).

A su vez, los trabajadores y trabajadoras de la salud y de las fuerzas de seguridad recibirán un bono en reconocimiento al esfuerzo volcado para combatir la pandemia.

Asimismo, se congelaron alquileres y cuotas de créditos hipotecarios y se prohibieron los desalojos por falta de pago.

Por otra parte, se volcó una partida presupuestaria específica en el campo de la salud de $300 millones. Se creó el Fondo Especial para Equipamiento, con el fin de cubrir gastos relacionados a la compra de elementos necesarios para el tratamiento del Coronavirus COVID 19 por una suma de $1.700 millones, se comenzaron a construir 8 hospitales modulares con una inversión de $1.040 millones y se abrieron licitaciones de USD 100 mil para laboratorios con el objetivo de buscar tratamientos para el virus.

Producto de la parálisis internacional, el comercio mundial de bienes y servicios sufrirá una enorme contracción que repercutirá de manera directa en los mercados internos de los países. Es así como las medidas contracíclicas, la expansión fiscal y la presencia del Estado son determinantes no sólo para enfrentar la pandemia, sino también para para poder dar batalla a una crisis socioeconómica de enormes proporciones.

 

 

 

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