Una gran cantidad de militantes feministas tiñó de verde las inmediaciones del Congreso de la Nación y movilizó en más de cien ciudades del país para acompañar una nueva presentación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una deuda del Estado que en 2018 tomó una dimensión histórica en cuanto al debate social e institucional en nuestro país y nuevamente en 2019 también recibió apoyo en varios puntos del mundo a través de intervenciones y manifestaciones en espacios públicos.
La redacción del nuevo Proyecto se acordó en un plenario de la Campaña, en la que se propusieron modificaciones tales como la incorporación de otras identidades con capacidad de gestar y artículos sobre la Educación Sexual Integral (ESI). Además, se fortaleció la imposibilidad de penar a quien se practique un aborto y se excluyó la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
El Estado es responsable de escuchar las demandas sociales y tender los puentes necesarios para garantizar los derechos para una vida digna, en este caso, para todos los cuerpos gestantes que habiten suelo argentino. El gobierno de Mauricio Macri se encargó de desfinanciar áreas institucionales de lucha contra la violencia, promoción de salud y demás áreas específicas de género y diversidad. A todo esto, se suma el gran ajuste que se cobró la degradación del Ministerio de Salud y la vulneración judicial que opera contra las victimas de violencia en casos de protocolos de ILE y demás problemáticas.
Este 2019 nos propone el desafío de caminar la propuesta de un gobierno nacional, popular, democrático y feminista que apueste a la restauración y a profundizar los derechos de todes, en los tiempos necesarios y dando los correspondientes debates, pero avanzando, indefectiblemente. Ese proyecto de gobierno y de país hará, que más temprano que tarde, sea Ley.
