Rafa, otro pibe muerto en Bariloche, otro pibe joven y pobre que perdemos en manos de las fuerzas de seguridad. Otro pibe cuya muerte duele más, porque a un gran sector de la sociedad influenciado por los medios de comunicación, no le duele. Y esa injusticia ahonda la desazón de quienes vemos cotidianamente que la justicia está reservada para otros, que la justicia no llega a los más vulnerados. que la justicia cómplice del poder político sostiene la impunidad.
El asesinato de Rafael se da en el marco de una reivindicación territorial, una muerte más de tantas vidas originarias arrebatadas en esta lucha histórica por la defensa del territorio. Territorio que fue apropiado en un proceso histórico que empezó con la Campaña del Desierto, financiada por las mismas familias que hoy ejercen el poder político desde el estado nacional.
Un año ya pasó de su muerte. La impunidad se siente fuerte en Río Negro. La Justicia Federal se ha encargado de evitar hacer justicia condenando a los asesinos de Rafael y a los responsables políticos, haciéndose eco de la absurda teoría del enfrentamiento enunciada por Patricia Bullrich el día siguiente del asesinato, desconociendo pericias claves y persiguiendo judicialmente a testigos claves en la causa. Lautaro González y Fausto Jones Huala, quienes acompañaban a Rafael en el momento en que un albatros lo asesinó son, paradógicamente, los únicos imputados en la causa, los únicos buscados.
La criminalización y la estigmatización se profundiza. El pedido de justicia de la familia de Rafael realizado el 26 de noviembre finalizó con 13 nuevas detenciones. Familiares, amigos de Rafa e integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, presos y con expedientes judiciales abiertos. Mientras tanto, el supuesto autor material del hecho, el Cabo Pintos, no está procesado y los responsables políticos de esta muerte siguen impunes: la ministra de seguridad Patricia Bullrich y Mauricio Macri. responsables políticos de la instalación en la argentina de un régimen represivo que consolida el modelo de país para pocos, extractivista y con una mirada de rentabilidad sobre los territorios originarios.
El silencio del gobernador Weretilneck y el intendente Gennuso es también un silencio cómplice, nos mataron un pibe, lo mataron las fuerzas federales de seguridad. Es claro que el silencio responde a la conciencia de que bien podría haber sido la policía provincial, que lleva en sus espaldas solo en nuestra ciudad, 83 denuncias por vulneraciones de derechos en solo quince meses y varios muertos entre ellos Nino, Sergio, Diego y Garrido. por los cuales esperamos el fin de la impunidad en juicios que ya están llegando al final de sus procesos.
Por eso, hoy volvemos a pedir justicia, la inmediata liberación de los detenidos y el cese de la persecución. Y exigimos una justicia amplia, que no solo resuelva y condene el asesinato de Rafa, sino que además interpele un sentido común hegemónico que avala la muerte de pibes jóvenes y pobres, fomentado por los medios de comunicación, internalizado por gran parte de la sociedad, pero sobre todo legitimada por el discurso oficial del Gobierno Nacional.
Nos duele la muerte de Rafa porque es la expresión simbólica de cómo el poder estructura las relaciones sociales y le asigna diferentes valores a la vida de las personas. Nos duelen todas las muertes, nos duelen los estigmas y nos duele la indiferencia.
