Las detenciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza consolidan el hostigamiento y la persecución que viene sufriendo el Grupo de Medios Indalo desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, buscando generar un caso ejemplificador hacia todos aquellos dueños de medios de comunicación que estén pensando en sostener una línea editorial contraria a la que baja desde la Casa Rosada.
Al mismo tiempo, propietarios de medios oficialistas que todavía tienen cuentas pendientes con la Justicia, gozan de la misma impunidad que tienen los empresarios que formaron parte de la “pata civil” de la última Dictadura, en una trama de complicidades que alcanza a familiares de integrantes del propio Gobierno Nacional.
Los casos de Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín) y Bartolomé Mitre (dueño de La Nación), sobreseídos por Julián Ercolini, casualmente uno de los integrantes del Partido Judicial que persiguen a López y a De Souza, dejan en evidencia el pacto de impunidad con el que conviven funcionarios, medios de comunicación para-estatales y magistrados obsecuentes.
Con respecto a la causa judicial que sirve de pretexto para encarcelar a los propietarios del Grupo Indalo, es importante recordar que no se trata de los únicos empresarios argentinos que le deben dinero al Estado nacional: la larga lista que podríamos elaborar se completa, entre otros, con el mencionado Mitre y sus socios de la familia Saguier en el Grupo La Nación ($280 millones a la AFIP); Edesur, Edenor, Edelap y otras ($19.000 millones a Cammesa), y el propio Grupo Macri ($70.000 millones por el Correo Argentino). En todos los casos, ni los amigos del Presidente (Caputo por Edesur, Mindlin por Edenor) ni los hermanos del jefe de Estado, fueron molestados por los jueces para intimarlos a que paguen sus deudas con el fisco.
Si hasta hoy las voces opositoras que se pueden encontrar en los grandes medios gráficos, audiovisuales y digitales son escasas, pensemos en lo que puede pasar cuando el Gobierno termine de tomar el control de C5N o directamente lo haga desaparecer, que es en definitiva el objetivo que persigue.
Repudiamos esta persecución y hacemos un llamado a defender la libertad de expresión y la pluralidad de voces, valores esenciales para la convivencia democrática en un Estado de Derecho.
