Con el objetivo de intentar doblegar a aquellos dirigentes que presenten algún signo de resistencia a las políticas de ajuste contra la clase trabajadora, Mauricio Macri ha dado la orden de impulsar una serie de aprietes públicos contra referentes sindicales, recurriendo a la publicación de datos que, por definición, no pueden hacerse públicos.
Tal como ocurrió con el dirigente Víctor Santa María durante el fin de semana, ahora le tocó a la familia Moyano: en su edición de hoy, el diario La Nación publicó un “informe” (sic) de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las cuentas que abrieron los hijos de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, para ingresar al Régimen de Sinceramiento FIscal. También dieron a conocer el contenido de las mismas, y bienes que han sido debidamente incluidos en sus respectivas Declaraciones Juradas (lo cual no constituye delito alguno, pero en aras de difamar a la gente todo suma).
Para que no queden dudas de los objetivos que persigue el Gobierno a través de esta campaña, uno de los más calificados voceros mediáticos del oficialismo, el periodista Joaquín Morales Solá, se encargó ayer de despejar cualquier tipo de duda en su columna del mismo diario La Nación, escribiendo que “Solo la tardía acción judicial contra algunos dirigentes sindicales podría serenar el ímpetu sindical en materia de aumentos salariales”.
El brutal ajuste que quieren instalar no se logra sin represión y disciplinamiento. Por eso ejecutaron una cacería hacia dirigentes opositores haciendo un uso ilegal y arbitrario de la prisión preventiva. Ahora pretenden emplear los mismos métodos con la dirigencia sindical en la antesala de la discusión por la flexibilización laboral.
