Ciudad de Buenos Aires

El FPV rechazó la continuidad de Metrovías como concesionaria del subte e insistió con la gestión estatal

Los legisladores y legisladoras sostuvieron que la movilidad es un derecho y debe estar garantizado por el Estado, no librada a los criterios del mercado. Por este motivo, el FPV presentó un proyecto en cual el Estado, a través de SBASE, sea el encargado de la administración, en conjunto con trabajadores y usuarios.
Al extender el contrato de Metrovías el proyecto del oficialismo está forzando la ley de emergencia del subte, la cual ya lleva 5 años. Por otra parte, el llamado a una nueva licitación es una muestra de que el balance que hace el Gobierno porteño sobre la gestión privada es positivo, un balance que no coincide con el de los miles de usuarios que padecen un servicio lento, inseguro, incómodo y que incumple la Ley de expansión de la red desde hace casi una década.
El diputado Javier Andrade, miembro del FPV en la comisión de Obras y Servicios Públicos, criticó la calidad del servicio: “En la línea E viajamos como sardinas, hay que dejar pasar dos o tres formaciones para poder subirse y es peor aún para las mujeres. El ruido es tan invasivo que no se puede ni mantener una conversación”.
En ese sentido, Andrade señaló que “el Gobierno de la Ciudad se endeudó en U$S 1.200 millones para hacer obras pero no se ven mejoras en el servicio. Al asumir Macri en 2007 prometió construir 10 km por año y construyó un promedio de un kilómetro por año”. Y concluyó: “estamos perdiendo una oportunidad histórica para mejorar el servicio del subte. No pretendemos ser revolucionarios, sólo estatizar el servicio como sucede en San Pablo, París o Nueva York.”
Por su parte, la legisladora Paula Penacca, sostuvo que “el gobierno de Rodríguez Larreta insiste con la reprivatización del subte a pesar de los pésimos resultados en términos de calidad del servicio que se obtuvieron hasta ahora bajo el manejo de Metrovías.”
En cuanto al canon que cobrará la empresa recordó que “el Estado aportó sólo en 2016 $7 mil millones, sin garantizar ninguna mejora del servicio. No hubo ninguna exigencia para la empresa, ningún control sobre su funcionamiento, pero obtuvo millones de ganancias.”
Derechos Humanos
El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Se vivía un nuevo tiempo en el que la pelea, al principio solitaria, de los organismos de derechos humanos en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia se transformaba en políticas de Estado.
Formosa
Una de las fortalezas del peronismo como movimiento, es que ante los escenarios más adversos ha sabido demostrar lo mejor de sí. Y es efectivamente lo que está sucediendo en todo el país; la unidad del peronismo.