La advertencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo a la Argentina por la desaparición forzada de Santiago Maldonado lamentablemente no fue suficiente. Estar en boca de la prensa internacional por la sospecha de una violación a los Derechos Humanos como también lo estuvo el país por la detención ilegal de Milagro Sala, no hace mella en el Gobierno. En consecuencia, la familia de Santiago se reunirá con representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se conforme un grupo de expertos independientes que ayuden a destrabar la investigación.
Aunque el Jefe de Gabinete ensaye mostrar preocupación, los hechos demuestran que no hay interés por parte de los funcionarios judiciales ni ejecutivos en dilucidar qué pasó con Santiago, obligando a la familia a recurrir a instancias internacionales.
Las acusaciones hacia la Gendarmería no obedecen a la construcción de un relato partidario, sino a los hechos concretos. Está probado que Santiago Maldonado estuvo en el Lof el primero de agosto, y coinciden todos los testigos en describir que efectivos de la Gendarmería lo golpearon y lo trasladaron en una camioneta.
Las explicaciones que viene dando el Gobierno Nacional no hacen otra cosa que alimentar las sospechas. Primero dijeron que Pablo Noceti, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, estaba de paso por la zona, cuando jefes de Gendarmería y funcionarios provinciales de Chubut confirmaron que él en persona comandaba el operativo. Luego subrayaron que tenían orden para desalojar a la comunidad, pero lo cierto es que la orden era sólo para desalojar el corte de ruta, no para entrar a las tierras a reprimir. Aseguraron que no se usaron camionetas del tipo unimog y luego tuvieron que rectificarse. Se “extraviaronˮ las filmaciones del momento en que entraron a la comunidad siendo obligatoria la filmación de los operativos. Lavaron todas las camionetas antes de que se hicieran los peritajes y adulteraron los libros de control que tiene la fuerza. Esta serie de hechos da cuenta más de un encubrimiento que de una colaboración.
Desde el Ejecutivo y en particular desde el entorno de Patricia Bullrich intentaron entorpecer la investigación culpando a la víctima y a sus familiares, construyendo la idea de que Santiago pertenecía a un grupo armado. También hicieron correr hipótesis falsas como que estuvo en Entre Ríos, lo mató un vigilador de una puñalada, o pasó a la clandestinidad para desestabilizar al Gobierno en un plan de la RAM financiado internacionalmente.
Recién en los últimos días cuando se cayeron todas las hipótesis inventadas, se levantó el secreto de sumario y las encuestas de opinión pública demuestran preocupación por la desaparición de Santiago y la actitud de la Administración Nacional, comenzaron a cambiar el discurso. Hicieron callar a Patricia Bullrich que asumió la defensa de Gendarmería en vez del rol de conducción política de la seguridad de todos los argentinos, y convirtieron al Ministro Germán Garavano en vocero, quien ya deslizó que pudo haber responsabilidad de la Gendarmería.
A esto se suma la inacción judicial que ordenó pocas medidas de prueba y las hizo tarde, y tampoco investiga a fondo a la Gendarmería ni a Noceti quien dirigió el operativo. Ordena rastrillajes que de antemano saben que darán resultados negativos porque ya los hicieron y porque está descartada la posibilidad de que aparezca en el río dada la poca profundidad y el poco caudal que tiene. A su vez, no se avanza en el entrecruzamiento de llamados y mensajes de todos los gendarmes, una prueba elemental que podría arrojar algo de claridad.
Una justicia inactiva y un Gobierno más preocupado en cuidar su imagen que en la aparición de un desaparecido es el penoso escenario en el que debe moverse la familia. Desde la gestión de Mauricio Macri se han dicho muchas cosas a lo largo de estas semanas, algunas sumamente ofensivas. Pero lo que aún no han dicho y millones se lo preguntan es dónde está Santiago Maldonado.
