La discusión del Consejo del salario mínimo, vital y móvil terminó como empezó: plagada de escándalos. El Poder Ejecutivo decidió excluir de la instancia a los representantes de la economía social a pesar de que debían formar parte del debate a partir de la aprobación de la ley de “emergencia socialˮ. En la contracara, la voz patronal estuvo representada por las grandes empresas con poco lugar para las PYMES que vienen advirtiendo que el problema no son los costos laborales, sino las políticas del gobierno.
Los sectores sindicales exigían una elevación del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) a $15.000. Los empresarios aceptaban un aumento del 21% del actual que está en los $8.060 que lo elevaría a $9.753. El Ejecutivo resolvió a favor de los empresarios estableciendo un aumento en cuotas del 24%.
Con el nuevo esquema, el SMVM subirá a $8.600 en julio, a $9.500 en enero de 2018 y a $10.000 en julio de 2018 cuando se termine de cristalizar el 24%.
La pérdida de poder adquisitivo promedio del 10% en 2016, aunque en los sectores informales y más vulnerables fue mayor, más la inflación proyectada del 25% para 2017 provoca que los cierres paritarios por debajo de la suba de precios estimada agudizarán la caída del salario real.
Hay otro elemento que no puede ser ajeno a esta discusión: el INDEC, los institutos de medición privados y los de las distintas jurisdicciones calculan que se necesitan alrededor de $14.000 mensuales para cubrir la canasta básica, para subsistir. Fijar el SMVM en $10.000 dentro de un año donde seguirán subiendo los precios es condenar a cientos de argentinos a la pobreza.
Se profundizan los despidos y las suspensiones sobre todo en el sector industrial, el dólar está batiendo récords históricos que repercuten de lleno en los precios, están estudiando un nuevo aumento de la nafta sumado a los tarifazos en los servicios públicos mientras endeudan a tres generaciones de argentinos con un bono leonino a cien años. En estas circunstancias ya no sólo siguen desmantelando el consumo y el mercado interno, sino que están haciendo de la Argentina una verdadera fábrica de pobres.
