La presentación hace referencia a las declaraciones de Gómez Centurión en el programa televisivo “Debo Decirˮ, el domingo pasado. Allí, el titular de Aduanas negó la existencia de un plan sistemático para hacer desaparecer personas durante la última dictadura militar y cuestionó la cifra de 30 mil personas desaparecidas.
Los legisladores recuerdan que al 1 ° de marzo de 2016 se registraban 526 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, de las cuales 156 tienen sentencia. “El denunciado no hace más que defender públicamente el terrorismo de Estado, instrumentado a través del plan sistemático de desaparición forzada de personas y apropiación de niños que la justicia argentina encontró absolutamente probado en numerosas causasˮ, remarcan, y citan la histórica sentencia dictada el 5 de diciembre de 1984 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal en el Juicio a las Juntas Militares, la primera de las numerosas sentencias que acreditaron la existencia de un plan sistemático de exterminio.
La denuncia penal ˮ“que también fue firmada por los diputados María Teresa García, Marcos Cleri, Diana Conti, Carlos Castagneto, Maria Lucila Masin y Rodolfo Tailhade- recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N ° 5, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y será investigada por el fiscal Ramiro González.
Proyecto de resolución
En la misma línea, Recalde presentó esta tarde un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que disponga “la inmediata remoción” de Gómez Centurión de la Dirección General de Aduanas.
“Si el Poder Ejecutivo lo mantiene en el cargo hace propias sus ideas negacionistas. Contradeciría entonces las expresiones que el propio Macri -con esfuerzo, es verdad- ha dado intentando despegarse de los vínculos que su grupo económico y familiar tuvo con la dictadura cívico-militar. Ratificaría que el decreto de necesidad y urgencia sobre el 24 de marzo; la negativa a conformar la bicameral de investigue la responsabilidad de civiles; el atraso de la Secretaría de Derechos Humanos en cumplir las leyes; son, como creemos, una política que comienza con la negación del plan sistemático y el genocidio, para luego llegar a una reivindicación de la dictadura”, afirma en los fundamentos.
“No se trata de un mero disenso, que enriquece la Democracia. Es un insulto a la Democracia”, resalta el expediente 8862-D-2017, que es acompañado por las firmas de García, Cleri, Conti, Castagneto, Masin, Tailhade, Matías Rodríguez, Andrés Larroque, Edgardo Depetri, Oscar Anselmo Martínez, Juan Manuel Huss, Adrián Grana, Alberto Ciampini y Eduardo de Pedro.
