Esto sostiene la Constitución Nacional en su preámbulo, sin embargo, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri y publicado hoy en el Boletín Oficial va en sentido contrario de lo que sostiene nuestra carta magna.
En el marco de una economía que no repunta y una conflictividad social que avanza, la estrategia del Ejecutivo nacional es clara: construir un sentido de otredad en torno a los inmigrantes, a quienes se pretende responsabilizar de esta situación adversa.
La ley 25871 fue promulgada en enero de 2004 y constituyó el puntapié inicial para la constitución de una política migratoria de vanguardia que fue elogiada y calificada como “un ejemplo mundialˮ por el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Brunson McKinley, cuando visitó la Argentina en el 2006.
Hoy, 13 años después de la sanción de la Ley, el gobierno que supuestamente había llegado para unir a los argentinos, decidió en forma unilateral modificar esa norma cambiando diametralmente su naturaleza e introduciendo modificaciones que van en contra del espíritu de nuestra Constitución y sistema jurídico.
En el decreto Nº70 del DNU publicado hoy, se modifica el punto 62 de la Ley y se introduce uno de los cambios más controvertidos, al plantear que la Dirección Nacional de Migraciones podrá expulsar del país a todo aquel residente condenado, aunque dicha sentencia no se encuentre firme. En esa misma línea, el artículo 4 ° considera como antecedentes a todo procesamiento, lo cual contradice al principio de inocencia, de nuestro sistema jurídico argentino.
El texto está claramente centrado en la intención del gobierno macrista de poner la mira de los reclamos por mayor seguridad en la comunidad inmigrante. Fundamentalmente, se pretende instalar “el problema de los inmigrantesˮ como causa principal del incremento del narcotráfico en la Argentina.
En contra posición a la postura que pretende instalar el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia de la Nación reveló que el total de extranjeros detenidos representa solo el % 6 (seis por ciento) de la población carcelaria.
Por tanto como parte de un proyecto nacional, popular y latinoamericano, rechazamos este intento de criminalizar a los inmigrantes y creemos que no es posible la construcción de un país para todos sin entendernos como parte de una Patria Grande.
Secretaria de Políticas Internacionales
