Una de las piezas fundamentales para montar un ajuste acompañado de exclusión y desempleo como el que se está instalando en la en Argentina es desmantelar, saquear y vaciar a la banca pública, de modo que el sistema financiero predominante persiga una lógica de libre mercado que no atienda ni resuelva las necesidades crediticias de las economías regionales y de la sociedad en su conjunto, sino que contribuya a una inmensa transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de poder.
Con el argumento de “facilitar la migración de clientes entre entidades financieras como vía para promover la competencia”, el 12 de agosto pasadp el Banco Central (BCRA) publicó la Comunicación “A” 6042, que permite a todos los trabajadores con cuentas sueldo optar por el banco en el cual depositar sus haberes, incluyendo a todo el sector público nacional, el cual por el decreto 1187/12 hasta ahora acreditaba sueldos en la banca pública, principalmente en el Banco Nación.
Esta transferencia de depósitos hacia bancos privados, impulsada por las campañas de marketing, no hace más que desalentar la inversión y el desarrollo productivo del país: mientras se abren múltiples sucursales de bancos extranjeros en las ciudades, las ganancias de los bancos nacionales son asentadas en la compra de LEBACS (Letras del Tesoro Nacional) en lugar de colocar créditos beneficiosos para el consumo interno, la producción y la vivienda.
Junto con su equipo, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, pretende llevar a cabo lo que la Asociación Bancaria denominó como la “Uberización del Sistema Financiero”, que no es más que la implementación de una banca exclusivamente electrónica, carente de cualquier tipo de seguridad para operar, así como la apertura de bocas de expendios y puntos de venta de productos bancarios en las cadenas de supermercados, entre otras cosas.
Estas decisiones traen aparejado además un plan de reducción de personal, precarización laboral e inestabilidad en el empleo para todos los trabajadores del sector.
La Asociación Bancaria y la Corriente Federal de los Trabajadores, ya venían alertando sobre la situación que estaba próxima a advenirse, y comenzaron a adoptar medidas de fuerza para resistir esta embestida de un plan de gobierno que vino por todo y por todos.
El 7 de septiembre se realizó un abrazo simbólico a la Casa Central del Banco Provincia en Tandil, con el apoyo de distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas.
El Directorio, encabezado por Juan Curutchet, decidió abandonar la política de personal y definió que 10.550 empleados son “demasiadosˮ para el modelo de banco que pretende la nueva Gestión.
Como trabajadores y militantes políticos, tenemos la responsabilidad de defender los salarios, los puestos laborales, la calidad del empleo y las condiciones laborales, discutiendo las decisiones políticas de fondo que definan un modelo económico de justicia social con inclusión social donde los trabajadores sean el eje de las políticas públicas.
