El 25 de noviembre de 2017 una patrulla de Albatros de Prefectura Naval Argentina se encontró con unos 20 mapuches en la parte alta de un predio en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Como resultado de ese encuentro, murió Rafael Nahuel, de 21 años, de un tiro en la espalda.

Según la versión de Patricia Bullrich, los manifestantes atacaron a las fuerzas de seguridad con piedras, palos y disparos de distinto calibre. Esa versión de lo sucedido está basada en los dichos de los agentes. Sobre eso, la Ministra afirmó que “nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Le damos a la versión de la Prefectura carácter de verdad”. Es decir, las autoridades que tienen el poder de policí­a, que son los de deciden sobre la libertad de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, no necesitan más que un relato de un uniformado para justificar la muerte de un pibe de poco más de 20 años.

Así­ son. Así­ construyen la realidad que justifica el odio. Así­ mintieron en cada conferencia de prensa y en cada declaración pública. Así­ inventaron la RAM. Así­ imaginaron una comunidad mapuche armada y en pie de guerra contra la nación blanca y cristiana que los apellidos Bullrich, Luro y Pueyrredón defienden y representan. Así­ difunden y convencen de que, en la cara de un joven, de un pobre, de un indio sólo pueden reconocerse los rasgos de un enemigo. Y al enemigo se lo combate, se lo encarcela y, en lo posible, se lo extermina.

Pero nosotros sabemos que hay otra historia. Y ahora la justicia lo sabe y lo reconoce también. Por eso manda a detener al Cabo Primero Francisco Javier Pintos por encontrarlo responsable de la muerte de Rafael Nahuel. De los 40 disparos que hizo, uno de ellos resultó mortal.

Lo dijimos antes y lo repetimos. No habí­a comunidad mapuche armada, no hubo enfrentamiento. Hubo un grupo de prefectos que, con la excusa de desalojar un terreno, dispararon un total de 114 balas contra un grupo de personas desarmadas.

Hubo órdenes emanadas de las autoridades para que los prefectos ingresaran a sangre y fuego en la comunidad. Y hubo, según los jueces de la Cámara Federal de General Roca, un accionar del ministerio de seguridad para condicionar las investigaciones, “delineando, de antemano, la versión de los protagonistas”.

Vivimos un momento de recrudecimiento de la mano dura. De utilización de la violencia indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad. De creación de un enemigo interno que permita el control social cada vez más férreo. Nadie tiene que oponerse o resistir contra el modelo de exclusión macrista. Para eso tienen las armas y las pistolas taser y cada vez más cantidad de efectivos en las calles.

Estas fuerzas de seguridad necesitan ser conducidas por el sector polí­tico. No pueden gozar de total libertad para reprimir.

Este año tenemos una oportunidad única para volver a poner las cosas en su lugar. Para que ese pibe de gorrita, esa mamá con sus nenes a cuestas, esos sectores más postergados dejen de ser el enemigo. Esos, que son “los otrosˮ tienen que volver a ser la Patria. Y las fuerzas de seguridad tienen que encuadrarse en un proyecto de seguridad que sea, de una vez por todas, democrático y respetuoso de los derechos humanos.