Macri, había firmado en enero de 2017 el decreto de necesidad y urgencia 70/17, que con un contenido xenófobo y criminalizante hacia la comunidad migrante, propiciaba las expulsiones del país, dificultando y obstaculizando enormemente el procedimiento de radicaciones y atentaba contra la libertad ambulatoria de los extranjeros. Dicho decreto pone de manifiesto el cambio de paradigma en la política migratoria argentina a partir de la llegada del macrismo, retomando el carácter restrictivo y persecutorio de la “Ley Videlaˮ de política migratoria durante la dictadura, la cual concibe las migraciones como un “problemaˮ de seguridad nacional y de orden público.
Desde la firma del DNU, hace más de un año, las organizaciones políticas, sociales y diferentes colectividades, han denunciado la norma y han realizado numerosas manifestaciones en la calle, hoy la justicia les da la razón, y sienta un precedente frente a la reciente oleada de declaraciones públicas de funcionarios, que manifestaron la intención de seguir recortando derecho a los inmigrantes.
Así, esta decisión judicial tacha de inconstitucional el decreto macrista por resultar contrario a los valores constitucionales y los derechos de las comunidades migrantes protegidos por los tratados internacionales, y además, por haberse dictado sin respetar la democracia y la división de poderes, siendo que el ejecutivo se arrogó facultades legislativas, avasallando al poder legislativo, y no justificó la necesidad y urgencia del decreto, cuando debería haberse tratado por el Congreso como toda ley. La decisión judicial vino a significar un revés para el gobierno, que lejos de adecuar la normativa a los estándares constitucionales, adelantó que apelará la resolución.
Celebramos esta decisión judicial que trae nuevos aires de justicia a favor de los más vulnerables y reafirma valores democráticos, al tiempo que repudiamos las políticas macristas de xenofobia y expulsión.
Secretaria de Política Internacional
