El Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, acusó a los gremios docentes de ser desestabilizadores y de estar en “acción de guerraˮ. La realidad marca que quienes han decidido emprender acciones beligerantes hacia los maestros y la educación pública fueron los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
El 2016 se caracterizó por pisoteos hacia la educación pública. En la provincia de Buenos Aires, las clases comenzaron en término porque con buena fe los docentes aceptaron la propuesta que incluía activar una cláusula gatillo si los precios se disparaban. El año cerró con la inflación más alta de los últimos quince años y la negativa de la Gobernadora de hacer honor a la palabra empeñada. Ello provocó una pérdida de entre ocho y diez puntos de salario para los maestros bonaerenses.
Por su parte, el Ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich, se abocó a desmantelar todos los programas que tendían a reducir las brechas sociales y mejorar la calidad educativa, como el Plan Fines, el Conectar Igualdad y el Programa de Formación Docente. El corolario fue la intención de despedir cerca de 3.000 trabajadores en la víspera de año nuevo.
Ese es el contexto hostil donde se encara la discusión paritaria de 2017. En un nuevo episodio insultante hacia todos los docentes del país y de desprestigio de la educación pública, el Gobierno Nacional decide eliminar la paritaria nacional violando la Ley de Financiamiento Educativo. Optó volver al esquema noventista del “sálvese quien puedaˮ corriendo al Estado Nacional de su rol preponderante de reducir inequidades existentes entre las distintas provincias. Sin esa paritaria que incluye fondos compensatorios se profundizan las desigualdades y la posibilidad de acordar condiciones de trabajo y elementos de formación comunes en todo el país para mejorar la educación pública.
No conforme con lo anterior que de por sí es degradante, quieren imponer un techo del 18% en cuotas a la discusión salarial en sintonía a las proyecciones inflacionarias del presupuesto. Por un lado, eso implicaría resignar la pérdida de salario real del 2016. Asimismo, la estimación de una inflación anual del 18% es harto optimista si se tiene en cuenta que los tarifazos en los servicios públicos, la suba de la nafta y de los peajes impactan de lleno en los precios. El propio presidente del Banco Central advirtió que se vienen meses difíciles en materia de suba de precios y que por eso no va a bajar las tasas de interés. Los funcionarios de Vidal esgrimen que si la inflación es más alta actualizarán los salarios. El antecedente de lo ocurrido en su primer año de Gobierno hace que la confianza en el cumplimiento de las promesas se haya devaluado.
Como hicieron en los noventa, como también hicieron durante las gestiones nacional y provinciales anteriores, los docentes ahora están defendiendo sus derechos y peleando por la educación pública. El problema es que para un gobierno de fuerte signo totalitario como es el de Macri y el de Vidal, que alguien no acepte ser disciplinado a través de la extorsión, el apriete y el ajuste, significa tener actitudes bélicas.
