Desde que incursionó en política, el actual Jefe de Estado intentó instalarse por su nombre de pila. No tanto porque Mauricio dé una sensación de familiaridad y cercanía, sino para quitarse de encima el lastre del apellido Macri asociado a estatización de deudas privadas en la dictadura, lavado de dinero, contrabando, privatizaciones fraudulentas y otra serie de actividades delictivas.
Pero Mauricio es Macri y ahora volvió a quedar más claro que nunca. Luego de fundir al correo argentino destruyendo su servicio, reduciendo su planta y decidiendo no pagar los cánones correspondientes, el grupo Macri entró en concurso de acreedores que merced a su lobby judicial se ha extendido por dieciséis años. En el medio, Néstor Kirchner le quitó la concesión.
La política del holding empresario para con el Estado fue siempre la misma: ofrecer acuerdos irrisorios mientras dilataban las acciones judiciales. Los gobiernos anteriores rechazaron las distintas ofertas por considerarlas ruinosas. Sin embargo todo cambió cuando los Macri se encontraron en los dos lados del mostrador a partir de diciembre de 2015.
Un funcionario sin competencia y designado transitoriamente fue el encargado de aceptar el acuerdo que implica una condonación de $70.000 millones, sin hacer previamente un análisis técnico ni darle intervención a la Oficina Anticorrupción ni a la Sindicatura General de la Nación. En una claudicación sin precedentes, siquiera exigieron que el Grupo Macri desistiera de acciones judiciales presentes o futuras contra el Estado, al punto que los intereses que acepta el Gobierno son inferiores a los que reclaman los Macri en una demanda entablada antes de la aceptación de las condiciones.
Pese al tenaz intento del equipo de prensa del Presidente, quedó en claro que Mauricio es Macri y está en el gobierno para defender sus intereses personales. Cambiemos procuró defender el acuerdo que habían mantenido en silencio señalando que es una mera cuestión técnica, que es culpa de la pesada herencia (como si Cristina fuera la responsable del saqueo que los Macri hicieron sobre el correo), y hasta que el Primer Mandatario no sabía nada del tema. Por último, apelaron a criticar a la fiscal que los denunció en un accionar que tiempo atrás hubieran tildado como extorsivo.
El manotazo de ahogado lo dio Marcos Peña, cuando afirmó que no había conflicto de intereses entre una deuda que el grupo empresario del Presidente le debe al Estado que el Presidente administra. Como dijo una publicación humorística, “no hay conflicto de intereses porque acá hay un solo interésˮ, el de los Macri.
Podrán seguir inventando excusas, pero la sociedad no es idiota. Tendrán que elaborar explicaciones más convincentes, tanto para los argentinos como para el Poder Judicial que ya decidió imputar a Macri y Aguad por esta verdadera estafa.
