Las filtraciones ilegales de las conversaciones mantenidas entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner son el producto de un plan que se pensó hace mucho tiempo, y como no podí­a ser de otro modo, en el dí­a de los enamorados, Macri tení­a que dedicarle una flor especial al espionaje, principal aliado de su carrera polí­tica.

En este sendero de vender gato por liebre en todas sus polí­ticas, el 24 de diciembre de 2015 (oh oh oh!), en una de sus primeras medidas de gobierno, Macri firmó un DNU (256/16) en el cual traspasó el área que se encargaba de gestionar las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente desde la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tanto en la letra del Decreto 256/16 como en la voz de Garavano y compañí­a se alegó la necesidad la imparcialidad y de mayor transparencia. Sin embargo -se sabe- el único objetivo era quitarle lo que se pueda a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbo, y darle acceso a esas herramientas tan sensibles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que estaba oculto en todo eso era, obviamente, el acuerdo para que la vieja SIDE tenga acceso a las escuchas ordenadas judicialmente y el pacto de silencio para que nadie diga nada cuando se empezare a espiar a oponentes polí­ticos del gobierno.

Lo cierto es que en aquella navidad de 2015 el mismí­simo presidente (que esquivó el Congreso y modificó la ley de inteligencia votada un año antes con gran consenso,) firmó la transferencia a la Corte y dispuso en su artí­culo 4 “que dicho organismo estará a cargo de un (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de un (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un perí­odo de cinco (5) añosˮ.

Desde entonces hasta estos dí­as los acuerdos secretos se fueron cumpliendo: las escuchas se filtraron, muchas causas dibujadas en contra de la ex presidenta avanzaron, y entonces, como un verdadero pacto de amor, el presidente cumplió con la corporación judicial y se desdijo mediante otro DNU (la U del DNU es urgencia, el amor es urgente). Modificó aquel artí­culo 4 que él mismo habí­a dictado alegando transparencia y la mar en coche y ahora firmó esto: “el organismo estará a cargo de dos (2) jueces penales con rango de Juez de Cámara, quienes serán designados por sorteo, actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente, y durarán en sus funciones por el plazo de tres (3) años.
Transcurrido dicho plazo, el Subdirector General pasará a ejercer el cargo de Director General, procediéndose a la designación por sorteo de un nuevo Subdirector General, quienes durarán en sus funciones por un plazo de tres (3) añosˮ.

Le dieron de comer a los pajaritos diciendo que el Director de un área tan sensible como las escuchas solo durarí­a un año. Ahora dura 3 y si arrancas como subdirector tenés asegurados 6 años. En el “sorteoˮ que hizo la Corte en febrero de 2016 salió Martí­n Irurzun, Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, como Director del área. Pero falta el postre: en el artí­culo 5 del Decreto firmado el dí­a de los enamorados se estableció que “por única vez, se podrá mantener por el plazo de tres (3) años contados a partir de la publicación del presente, a los jueces que fueran designados por la Corte Suprema (ˮ¦), cumpliendo las funciones de Director General y Subdirector General, respectivamenteˮ

Uno más tres igual a cuatro, justo, justo, el mismo tiempo del mandato de Macri. En su doble cargo, Irurzun revisará las apelaciones en las causas actualmente en trámite en Comodoro Py en donde se investigan a funcionarios actuales y del anterior gobierno. Y también tendrá injerencia sobre las escuchas. Que la transparencia la pongan en funcionamiento otros, se rí­en en La Rosada. Esta Alianza saqueadora del patrimonio y de las instituciones de los argentinos cree que solo alcanza con decir las cosas, no con hacerlas.