Luego de derogar el Programa Qunita que, entre otros objetivos, buscaba mejorar el control del embarazo oportuno y de calidad; el presidente Macri decide ahora vetar una ley que promueve la detección temprana de la trombofilia, trastorno que afecta sobre todo a las mujeres en el curso de su embarazo y que causa riesgos y complicaciones gestacionales como son los abortos tempranos recurrentes, la muerte fetal intrauterina y el parto prematuro.
La Ley Nº 27.335 fue votada en Diputados en 2015 y recientemente aprobada por unanimidad en el Senado. La norma establece la incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO) de todos los análisis que diagnostican la trombofilia así como también incorpora el tratamiento y medicación de esta enfermedad. También crea en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación el Programa de Estudio e Investigación, Docencia, Formación, Diagnóstico y Tratamiento de la Trombofilia. Dicho programa se proponía desarrollar estrategias de difusión y concientización para informar a la población sobre el trastorno de la coagulación, trombofilia y sus complicaciones así como facilitar el diagnóstico y tratamiento de la trombofilia en mujeres para disminuir el riesgo materno-neonatal.
Con el cinismo que nos tienen acostumbrados, recurren a argumentos falaces como que se trata de una enfermedad correctamente diagnosticada y de habitual estudio para justificar un nuevo veto presidencial a derechos adquiridos. El “respeto por las instituciones y el dialogo en el Congresoˮ en una ley aprobada por unanimidad, nuevamente “Te la deboˮ.
En contraposición a la década ganada en la que se amplió la oferta prestacional en salud, hoy estamos en un contexto en el que Macri permitió un 43% de aumento a las prepagas (que podría convertirse en un 52% en breve), abandonó la regulación de precios de los medicamentos, generando aumentos de más del 200% en algunos fármacos esenciales y propone la creación de una Agencia Nacional de Evaluacion de Tecnologías Sanitarias para seguir recortando derechos. Un capítulo más de vulneración de derechos y disminución del acceso equitativo e igualitario a la salud, particularmente de las mujeres y sus familias, y beneficiando intereses económicos de las grandes corporaciones en salud.
