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Las Universidades nacionales contra la el ataque de Marijuán a la educación pública

El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió sobre una campaña “en momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso”.

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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una declaración contra las denuncias del fiscal Guillermo Marijuán, quien buscó imputar a casi todo el sistema universitario por una supuesta malversación de fondos.

Las acusaciones de Marijuán, originadas en versiones periodísticas, abarcaron a 52 universidades nacionales en las que pidió que se investigue si los fondos girados por el Estado nacional durante el mandato de Cristina Kirchner fueron destinados a los fines previstos. “Lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país”, afirmó el CIN.

El organismo que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales recordó que los presupuestos de las casas de estudio son aprobados por ley del Congreso Nacional y “en todos los casos resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa”.

Los rectores plantearon que esperan que “se pueda avanzar en la elucidación de estas denuncias genéricas”, a las que calificaron como “una agresión a la identidad misma de la universidad pública”.

“Esperamos que, en momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, esta denuncia indiscriminada y con argumentaciones generales no afecte el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos”, advirtieron también desde el Consejo Interuniversitario Nacional.

Género

La Ciudad de Buenos Aires es la primera del país en sancionar una ley contra el acoso sexual callejero. El proyecto del FPV logró acuerdo en la anteúltima sesión del año, luego de que su tratamiento fuera reiteradas veces obstaculizado en los últimos 2 años por la negativa del PRO a su aprobación.

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