Para tomar esta decisión el Grupo de Trabajo consideró la información sobre todas las causas judiciales contra Milagro Sala, aportada tanto por las organizaciones que realizamos la denuncia internacional como por el propio Estado, y concluyó que “la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitrariaˮ y que debe ser liberada.
También le encomendó al Estado informar sobre las medidas de seguimiento de la resolución, entre las que se incluyen: a) la fecha de su liberación, b) si ha tenido lugar algún tipo de reparación, c) si se ha “llevado a cabo una investigación sobre la violación de los derechos de la Sra. Salaˮ y sus resultados, y d) qué medidas se tomaron para evitar la repetición de los hechos que originaron la intervención del mecanismo internacional.
La decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino.
Por otra parte, ante decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, el Estado no puede utilizar como excusa que se trataría de una supuesta interferencia indebida en otros poderes o jurisdicciones. Tal proceder significaría desconocer sus obligaciones internacionales, el rol que tiene el Estado federal como garante y numerosos antecedentes.
El texto completo de la nota enviada a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj puede leerse aquí.
