Derechos Humanos

Manifestación en rechazo a la prisión domiciliaria de Etchecolatz

A partir de la posibilidad de que la Cámara Federal de La Plata le otorgue al genocida condenado ese beneficio, organizaciones de Derechos Humanos y sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención se concentraron el pasado miércoles 10 de agosto frente a los tribunales federales de la capital bonaerense.

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Miguel Funes, legislador provincial por el FpV y presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados bonaerense, señaló para el programa online La García que “venimos con distintas organizaciones a plantear nuestra preocupación y nuestro repudio en virtud del intento de la medida de un grupo de subrogantes que busca darle la prisión domiciliaria a un asesino, un represor, a quien fuera el director de investigaciones en la Provincia de Buenos Aires, la mano derecha de Camps, y que bajo su responsabilidad existían 21 centros clandestinos en donde mataron, torturaron, a nuestros compañeros, a parte de los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos”.

“La prisión domiciliaria en definitiva para nosotros es la libertad”, agregó al respecto Funes.

En tiempos de persecución política, mediática y judicial a referentes y símbolos de la lucha popular como Cristina Kirchner, Hebe de Bonafini y Milagro Sala -quien comenzó hoy una huelga de hambre tras la decisión de Morales de incomunicarla totalmente-, genocidas, torturadores y represores condenados de la última dictadura cívico militar comienzan a palpitar el cambio de época que el presidente Mauricio Macri anuncia al referirse al terrorismo de estado como “guerra sucia”, en una clara reedición de la teoría de los dos demonios,  y aludiendo a la discusión sobre el número de desaparecidos.

Al ser consultado sobre este punto, el legislador se preguntó “si en el cambio de gobierno hay un cambio de jurisprudencia” y remarcó que “va habiendo distintos fallos de Tribunales a lo largo y a lo ancho de nuestro país que se contradicen con distintas medidas que habían tomado en los últimos doce años durante el gobierno de Néstor y Cristina”.

Según datos del mismo Ministerio de Justicia de la Nación, en lo que va de 2016 ya se otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a 50 represores, en muchos casos con inadecuados sistemas de control que les permiten circular libremente por las calles, como señaló la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Además, desde este organismo se planteó una preocupante demora en la continuidad de los juicios de lesa humanidad en curso.

“Esta concentración en los tribunales platenses es para decirles que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados desde las agrupaciones políticas y desde el ámbito nacional, provincial y las distintas legislaturas en donde distintos hombres y mujeres nos vamos a manifestar, vamos a repudiar y vamos a dar desde la política todas las señales posibles para decir que no estamos de acuerdo”, finalizó Funes.

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