Economía

El costo del ajuste

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El gobierno de Mauricio Macri insiste con una pauta salarial para discutir paritarias que esté por debajo del 30% y lo más cerca del 25%.

A pesar de que una previsión de inflación anual de 25% le quedó chica hace rato, el macrismo no quiere moverse de ese número, porque además los empresarios tampoco quieren pagar más que eso. Los empresarios saben que ahora no hay un Estado que laude en favor de los trabajadores, como durante el kirchnerismo, y les imponga un piso de negociación. De hecho, cuando el gobierno actual habla de un piso, es para imponérselos a los trabajadores.

Con dos meses desde el inicio de mandato, todas las medidas de Gobierno anunciadas desde el 10 de diciembre a esta parte fueron favorables a los empresarios: liberación de las restricciones para la compra de dólares: devaluación de 40% del peso respecto del dólar; reducción de retenciones a los exportadores de soja; eliminación de impuestos a productores agropecuarios y a la industria; quita de subsidios a los consumos energéticos; aumentos de las tarifas de la electricidad; reducción del 50% de la cantidad de productos incluidos en el programa Precios Cuidados.

En cambio para los trabajadores, solo promesas, de combate a la inflación, de paritarias que podrían rediscutirse a mitad de año, de aumentos de las asignaciones familiares, de mejoras para quienes pagan el impuesto a las Ganancias. Mientras tanto, pasan las semanas y el poder de compra de los salarios de los trababajadores se sigue erosionando.

Ya en diciembre, y sin contar los incrementos en los precios registrados en enero, principalmente en los alimentos, ni los que se vienen para febrero, en tarifas de la luz, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio cuenta de una inflación anualizada de 26,9%; es decir, por encima de la pauta que pretende instalar el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.

Tal es así, que en el seno del mismo gobierno nacional, la rigidez de Prat Gay comenzó a chocar con la flexibilidad que prefieren otros ministros, como el del Interior, Rogelio Frigerio, para negociar con sindicatos y gobiernos provinciales.

No es casualdiad entonces que Frigerio, vía la consultora que fundó y presidió durante años, Economía & Regiones, y que ahora es vicepresidida por su tío Octavio Frigerio, salga a decir que para alcanzar en 2016 una inflación de 25%, como dice Prat Gay, es condición necesaria que el gobierno de Macri tome deuda por U$S 23.600 millones. Si ello no ocurriera, el Banco Central debería salir a emitir más dinero que el previsto para este año para financiar al Tesoro Nacional, esto se traduciría en la necesidad de una mayor devaluación, lo que implicaría un menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y una mayor caída del poder adquisitivo del asalariado.

Frigerio ya salió a decir que quiere una paritaria que se pueda abrir a mitad de año. Con esto quieren tarnquilizar a los sindicatos. Con esto y con el aumento del mínimo no imponible, y con la liquidación de la deuda por $ 26 mil millones que el Estado mantiene con las obras sociales.

Sin embargo, el aumento del piso de Ganancias no es una medida que vaya a tener resultados imporantes sobre los asalariados, porque ése impuesto en la actualidad lo pagan apenas 1 de cada 10 trabajadores. En conscuencia, el beneficio sería para unos pocos, y encima de la escala superior de la pirámide salarial.

Entre los pronósticos preocupantes de las consultoras privadas, apareció el de Contexto, que conduce el economista Juan Carlos De Pablo. Esta consultora cruzó los aumentos que comenzaron a regir este mes en las tarifas, con los ingresos por deciles de la Encuesta Permante de Hogares y calculó la poda de poder adquisitivo para el 10% más pobre en un significativo 12,9% en el caso de los residentes de AMBA y del 6,9% para el resto del país. Si se amplía esto al 30% de la población de menores recursos, la poda es del 10,6% el AMBA y del 5,6% para el resto.

Estos números representan lo que va a caer el poder adquisitivo del 30% más pobre de la pirámide de ingresos solamente por la suba de tarifas eléctricas, es decir, sin contar el resto de los aumentos de precios de la economía que ya se registraron, y los que se van a registrar en los próximos meses.

Género

La Ciudad de Buenos Aires es la primera del país en sancionar una ley contra el acoso sexual callejero. El proyecto del FPV logró acuerdo en la anteúltima sesión del año, luego de que su tratamiento fuera reiteradas veces obstaculizado en los últimos 2 años por la negativa del PRO a su aprobación.

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