Política

Extranjerización y soberanía

El negocio de acaparamiento de las tierras frenado por la organización popular

El 22 de abril de 1970 es el Día Internacional de la Tierra gracias a una masiva movilización de estudiantes de todos los niveles educativos y organizaciones de la sociedad civil estadounidense que convocaron a más de 20 millones de personas con un mensaje de conciencia y preocupación sobre el ambiente ante el legado del desarrollo industrial sobre la calidad de vida.
por La Cámpora
22 abr 2024
54 años después, en Argentina celebramos este día en un contexto de alerta por la desfinanciación de la educación pública y de amenaza directa sobre los intereses soberanos. Nuestro país tiene una enorme riqueza natural: importantes reservas de agua dulce, extensiones aptas para la producción agropecuaria y otras ricas en minerales codiciados en el mundo, que bien podrían ser la base del desarrollo federal. Hoy están en peligro inminente de extranjerización. ¿El espiritu nacionalista del gobierno? Bien, gracias.  El DNU 70/2023, impulsado por el gobierno autodefinido como “anarcocapitalista” -que intenta en 366 artículos derogar 41 leyes nacionales- contiene un embate directo hacia nuestra tierra soberana al afectar los límites que establece la Ley de Tierras N° 26.737 tratada y aprobada por nuestro Congreso Nacional a propuesta del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner en diciembre de 2011. Sin embargo, los anticuerpos de nuestro pueblo organizado funcionaron rápidamente, impidiendo el retroceso de la soberanía nacional respecto a este tema: el pasado viernes 19 de abril de 2024, una vez más la expresidenta y nuestra conductora política, comunica una acción de los ex combatientes malvinenses de La Plata que sale al rescate de los intereses soberanos. Así, a través de su cuenta de Tik Tok comunica que recibió en su despacho a Rodolfo Carrizo y Ernesto Alonso, miembros representantes del CECIM, una asociación malvinense de la comunidad organizada de La Plat, que hizo una presentación judicial contra el Decreto 70/2023 y logró una resolución favorable de los tribunales para impedir la  derogación de la Ley de Tierras que tiene el fin de proteger los intereses soberanos sobre nuestras tierras, limitando su extranjerización.  Recordemos que esta ley, que no afecta derechos adquiridos, crea el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales" ante una tendencia sostenida por los capitales internacionales, con socios a nivel nacional, hacia el acaparamiento de tierras en todo el territorio de la República, con mayor concentración en la región norte y sur de nuestro país. Efectivamente, esta norma, que fue flexibilizada por decreto en el gobierno de Mauricio Macri, fija topes de tenencia de la tierra en manos extranjeras, tanto de personas físicas como jurídicas: un máximo de 15% a nivel nacional, provincial y departamental y, a su vez, por nacionalidad no se puede superar el 30% de ese 15%. La ley fija también como máximo la tenencia de mil hectáreas a un titular extranjero en la zona agrícola núcleo (norte bonaerense, sur de Santa Fe y sur de Córdoba).  Fuente: Registro Nacional de Tierras Rurales rurales Según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, para el 2020 un 5,5% del territorio rural argentino estaba en manos de extranjeros: más de 12,5 millones de hectáreas se encuentran en esta condición. En ranking, Estados Unidos es la nacionalidad con mayor cantidad de hectáreas en manos extranjeras con un total de 2.950.325, seguida por Italia con 2.173.272, y España con 1.795.159 en un tercer lugar siendo Alemania la que ocupa el 10° lugar en el podio con 259.858 hectáreas. Un dato de color: San Carlos, ciudad salteña que paradójicamente es un sitio declarado “lugar histórico nacional” en los valles calchaquíes, registra el 58% de sus tierras en manos foráneas.  Fuente: Registro Nacional de Tierras Rurales Ante esto, no podemos dejar de entender nuestra soberanía con perspectiva integral con  impacto directo en la calidad de vida cotidiana de todas y todos los argentinos. La soberanía no es sólo temática de agenda geopolítica sino que su puesta en peligro impacta directamente sobre las posibilidades de desarrollo genuinas, privando a nuestra población, en especial a los grupos sociales vulnerables, de un futuro prometedor basado en el buen uso e inversión de nuestros bienes naturales comunes.  En el gobierno de Macri el endeudamiento se convirtió en trampa de libertad para el desarrollo y, con la llegada de Milei, esta pérdida de la independencia económica se agravó con el golpe hacia la institucionalidad del Estado que buscó mediante el DNU para vender lo que quede de las joyas de la abuela y para desproveer a nuestro país de su importancia geopolítica estratégica en función de la extranjerización de su tierra y los bienes comunes naturales que posee (reserva de agua dulce, litio, gas, petróleo, etc.). La desregulación del Estado que propone Milei, es un claro embate institucional en traje de  “flexibilización ambiental” para allanar el camino a su plan de reforma de la actividad económica, plan en el que la extranjerización de la tierra y bienes comunes naturales estratégicos como el litio tiene un lugar central. Ya ha declarado el presidente con gusto a empresarios extranjeros como Elon Musk, sumamente interesados en el litio al igual que Estados Unidos y gran cantidad de empresas. Hoy, a 18 años de que Néstor Kirchner pagó la deuda total con el FMI, nuevamente adquirida por el gobierno macrista y ahora agravada por este nuevo embate, nuestra tierra y sus bienes comunes naturales constitutivos dejarían de ser nuestra base y garantía para construir un modelo de desarrollo propio con empresas nacionales privadas y públicas.  Milei necesita un nuevo marco jurídico para favorecer a los extranjeros en su derecho de propiedad en nuestras tierras. Por eso, en el Día de la Tierra decimos más fuerte que nunca: los anticuerpos del pueblo organizado están más activos que nunca. ¡Argentina, Patria libre y soberana!  Un poco de historia El acaparamiento de la tierra en manos extranjeras es una estrategia del capital que encuentra, en los gobiernos de derecha, vía libre para su expansión y consolidación en detrimento de los pueblos, vulnerando sus derechos esenciales. Pero veamos cómo este proceso que vuelve a la agenda en el gobierno de Milei tiene sus orígenes en la fundación propia de nuestra Nación. Desde la época de la organización nacional, el proceso de acumulacion originaria de tierras y capital llevado a cabo por la “generación del 80”, luego PAN, describe una etapa de conformación de una gran burguesía terrateniente destinada a comandar la economía, consolidar el Estado nacional y sostener una nueva forma de articulación con el capital inglés  Para mencionar un ejemplo, las leyes que se dictaron con posterioridad a la Campaña del Desierto enajenaron 32.006.421 hectáreas y solo 24 personas recibieron parcelas que oscilaban entre 200 mil y 680 mil hectáreas . Lejos de asegurar una distribución justa y equitativa, los entonces latifundistas imprimieron una tendencia acaparadora para asegurar su poderío político y económico y su chance de negociar con los intereses externos. Adelantando capítulos de la historia, pero reafirmando la misma tendencia, desde fines de la década de los noventa y principios de los 2000 comenzó a darse a nivel mundial, de manera masiva y sistemática, un fenómeno de grandes adquisiciones de tierras por parte de compañías extranjeras. En el caso de Argentina, después de la devaluación del 2002, aumentaron exponencialmente este tipo de inversiones debido a diversos factores, de índole internos y externos, entre los que mencionan a la tierra como un activo seguro con elevados retornos esperados y con la novedad que esta valorización alcanza en este momento la escala mundial . Otra de las causas se refiere a la políticas públicas de países como China que efectivizan la compra de tierras en países como el nuestro, en respuesta a su problema de seguridad alimentaria. Factores internos para resaltar: que se refiere a un rol del Estado como facilitador de inversiones extranjeras como estrategia para captar una parte de la renta a través del sistema impositivo y en el logro de inversiones que permitan legitimar su gestión. Todo esto se da en un contexto de tierra a bajo precio debido al quiebre de las economías pequeñas por la devaluación. Precios internacionales que comenzaron a ascender, sumado a la devaluación en Argentina hace rentable el negocio de la producción y exportación al tiempo que implica una valorización del recurso de la tierra.   La Ley de Tierras N° 26.737 surge de la decisión política de proteger los intereses nacionales en un contexto internacional de mercado que daba muestras de un avance irrestricto sobre nuestro territorio, en efecto uno de los impactos de la medida fue el enfriamiento de los precios locales, despegando del alza de los precios estadounidenses, haciendo menos atractivo el negocio para los extranjeros.    En épocas de un experimento entreguista anarcocapitalista, el rol del Estado y la comunidad organizada son fundamentales para ejercer la defensa de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre los territorios y sus recursos.  
Imágenes