El proyecto se basa en la idea de que los medicamentos deben ser un bien social, es decir que no deberían estar regulados por la economía del mercado sino que deben formar parte del universo de bienes y prestaciones que el Estado debe garantizar con su provisión y/o con la regulación y control de su producción y comercialización. Es por esto que el acceso a medicamentos no puede depender de que alguien lo pueda pagar o no.
A partir del año 2002 en nuestro país se implementó el Plan Remediar el cual fue el mayor programa programa de provisión gratuita de medicamentos esenciales en el mundo. El mismo surgió en un primer momento para dar respuesta a la crisis socio-económica que repercutía de forma directa en la salud de los sectores más vulnerados. Tras 13 años de exitosa aplicación, el Ministerio de Salud de la Nación de la actual gestión decidió reducir la cantidad de medicamentos que se entregan y comenzar un proceso de vaciamiento en consonancia con la política de retiro del Estado de las necesidades de los más humildes. A su vez, el PAMI ya no cubre los medicamentos a muchos/as jubilados/as y pensionados/as desde diciembre de 2015.
Este proyecto de ley viene entonces a dar respuesta a la necesidad de millones de compatriotas que dejaron de contar con medicación de forma gratuita en los centros de salud a la par que producto del retiro del Estado también en su rol de controlador de precios de los mismos, al intentar adquirirlos en farmacias, deben pagar hasta un promedio de 132% de aumento respecto a diciembre 2015. Cabe destacar que el alto precio provoca un impacto regresivo en los ingresos familiares y dado que los sectores en situación de mayor vulnerabilidad suelen ser los que más enfrentan problemas de salud, tienen un mayor gasto en proporción de sus ingresos. El suministro por parte del Estado supone una transferencia que equilibra el gasto entre los distintos sectores de la población y permite ampliar y hacer más equitativo el acceso a los medicamentos en particular, y a la salud en general.
De este modo con este proyecto, se pretende declarar de interés público el acceso universal a los medicamentos y fomentar la industria nacional, priorizando que la compra de medicamentos por parte del estado, sea realizada a laboratorios de producción pública y nacional. De este modo, garantizará que las personas puedan acceder a un listado de medicamentos esenciales para dar cobertura a enfermedades agudas como infecciones y crónicas como hipertensión arterial, diabetes y epilepsia
A su vez, propone crear la Comisión Nacional Asesora de Medicamentos, integrada por representantes de universidades nacionales públicas, de la agencia nacional de laboratorios públicos, CONICET y sociedades científicas que revisará periódicamente la lista de medicamentos a adquirir.
Así mismo, el proyecto de ley incluye dentro de sus objetivos estratégicos la capacitación periódica de los equipos de salud en el primer nivel de atención.
El Proyecto de ley contó con el asesoramiento del ex Ministro de Salud nacional de Cristina Fernández de Kirchner Daniel Gollan y un amplio colectivo de sanitaristas del campo popular y es acompañado por los diputados y diputadas nacionales Héctor Recalde, Máximo Kirchner, Alcira Argumedo, José Luis Gioja, Eduardo “Wadoˮ de Pedro, Fernanda Raverta, María Teresa García, Mayra Mendoza, Carlos Castagnetto, Luana Volnovich, Ana Carolina Gaillard, Rodolfo Tailhade y Rodrigo “Rodraˮ Rodríguez.
Este proyecto de ley promueve la equidad y mejora las condiciones de salud de nuestros compatriotas, especialmente de los sectores más postergados. De este modo, nuestros compañeros y compañeras desde su rol de legisladores y legisladoras, buscan una verdadera alternativa para ponerle un freno al ajuste, garantizando derechos ante el evidente retiro del Estado.
