A partir del 10 de diciembre de 2015 se instaló un escenario social, económico y polí­tico con un Estado que se desentiende de las necesidades de los más vulnerados. Implementaron una serie de recortes a la Salud Pública y dentro de ella a las áreas relacionadas a la Salud Mental, a la garantí­a de derechos y a la plena implementación de la legislación vigente en esta materia.

Es importante recordar que en el año 2010 en nuestro paí­s se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental, una ley modelo que garantiza los derechos de la población a una asistencia en salud mental y a un trato digno y no discriminatorio, a la vez que sostiene que la salud mental es por definición una salud que está atravesada siempre por determinantes históricos. Se focaliza en los abordajes comunitarios e interdisciplinarios, utilizando una perspectiva de derechos humanos y haciendo foco en que debe ser el Estado el garante de ello. En el camino opuesto, la Alianza Cambiemos cerró y vació los diferentes programas destinados a su cumplimiento y a mejorar la atención de personas usuarias de salud mental, como una polí­tica de Estado.

Junto a esta polí­tica de vaciamiento de programas, vemos que el impacto en Salud mental de la población también resulta de los efectos directos de las polí­ticas del actual gobierno. Desde que asumió Mauricio Macri las familias argentinas están afectadas por la incertidumbre. El ajuste desordena la vida cotidiana en todas sus dimensiones: quién no ha perdido el empleo conoce a alguien que sí­ lo perdió, generando miedos y ansiedades; los jubilados y jubiladas deben acudir a otros familiares (cuando los tienen) para afrontar gastos que antes cubrí­a el Estado, como sus medicamentos; muchos jóvenes ya no reciben la beca del PROGRESAR que les permití­a realizar sus estudios y seguir adelante con el proyecto de vida que imaginaron; muchas familias tuvieron que volver a los comedores comunitarios.

Ante este panorama, en los servicios de salud, aumentan las consultas por situaciones vinculadas con la crisis socioeconómica y la pérdida de derechos: sí­ntomas de ansiedad, depresión, incremento de los consumos de sustancias, agudización de las problemáticas y violencias vinculares, sentimientos de inutilidad, ideaciones e intentos de suicidio, entre otras. Todas ellas formas variadas en que cada quien, como puede, expresa su padecimiento. Esta demanda creciente no logra ser absorbida por las instituciones públicas donde el recurso humano es escaso y sigue sosteniendo altos í­ndices de precarización.

La avanzada de un proyecto neoliberal desdibuja el rol de un Estado presente para los más vulnerados, produciendo inestabilidad, no sólo en el ámbito económico sino también generando quiebres identitarios, incapacidad a la hora de producir iniciativas y una ruptura en el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Es así­ cómo se genera tierra fértil para ver al otro como una amenaza, en la búsqueda de la supervivencia individual enmarcada en la lógica del mercado y la meritocracia. Las consecuencias subjetivas de vivir en una constante incertidumbre, no se dan sólo a nivel personal, sino también vincular y afectivo. La subjetividad se constituye con otros y el ser humano no es un sujeto aislado. Este padecimiento que se está reinstalando no puede leerse de otro modo sino como un problema colectivo, que debemos también resolver colectivamente.

El neoliberalismo ataca de lleno el lazo social. Es a partir de la ruptura del ví­nculo con el otro, con el semejante, con el par, que el neoliberalismo triunfa. Es por esto fundamental la tarea de la militancia organizada en el rol de recomponer los puentes con aquellos que fueron quedando en los márgenes de un proyecto de paí­s que excluye. Debemos siempre mirar a los ojos al que sufre, escucharlo y estar ahí­ para así­ construir colectivamente herramientas que permitan frenar el ajuste; porque no hay posibilidad de bienestar y dignidad para el pueblo si no es a través de reconstruir un proyecto de futuro que nos incluya a todos y todas.