La Cámara de Senadores sancionó el día 29 de marzo el proyecto que meses atrás había votado también de forma unánime la Cámara de Diputados dando un marco regulatorio al uso médico y científico del cannabis y sus derivados, con el fin de garantizar el cuidado y promoción integral de la salud. A partir de la misma, se creará el “Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionalesˮ, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. El Estado deberá garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al Programa, así como darles asesoramiento, cobertura y seguimiento a su tratamiento.
A su vez, promueve el desarrollo científico para investigar los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados, comprobar su eficacia e impacto en el organismo. Se autoriza el cultivo de cannabis al Conicet e INTA con fines de investigación médica y/o científica, así como la elaboración del aceite para el tratamiento que suministrará el programa. Se priorizará y fomentará la producción del mismo a través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tendrá a su cargo la importación del aceite de cannabis y sus derivados, ante la necesidad de pacientes con las patologías que contemple el Programa y previa indicación médica. Aquellos que se encuentren incorporados al Programa, podrán disponer de forma gratuita del aceite.
Aún no se han dado especificaciones sobre los requisitos para dicha incorporación, quedando esto pendiente a la reglamentación e implementación que lleve a cabo el Poder Ejecutivo. En paralelo, se creará un Consejo Consultivo honorario integrado por instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales del sector público y privado.
Debemos remarcar que si bien esta ley es un avance, es incompleta dado que por la resistencia que presentó el Bloque Cambiemos, la ley no autoriza el cultivo personal, colectivo y solidario de cannabis; siendo la principal vía que encuentran familiares y consumidores de aprovisionarse del mismo. En palabras de la senadora del bloque FPV-PJ Anabel Fernández Sagasti “Entiendo que es un avance en la legislación y esperemos que podamos encontrarnos muy pronto acá nuevamente para poder avanzar en el autocultivo y poder cerrar este agujero negro.
Si bien es un avance, es una ley que nace vieja. Si nos vemos con nuestros hermanos de Latinoamérica, han tenido mucho más avance. Nosotros somos un país y este es un Congreso Nacional que ha sabido estar a la vanguardia internacional en temas de derechos, sobre todo en los últimos años.ˮ “Es una discusión que gracias a la comunidad organizada se ha podido ver en el Congreso de la Nación. Esto es simplemente de la sociedad y los legisladores lo hemos tomado lo cual me parece que es muy sano, muy grato y que son las mejores iniciativas.ˮ
Es importante destacar el trabajo y el esfuerzo que realizaron desde distintas organizaciones de la sociedad civil para llevar esta discusión al Congreso y transformar su padecimiento en una legislación que ponga algún freno a la criminalización que sufren por ser usuarios o familiares de usuarios de cannabis medicinal. En este sentido, Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva (fundación sin fines de lucro que tiene por objeto agrupar a madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías que busca impulsar el uso de resina de cannabis) destacó “Queremos contarles que nosotras hemos accedido a la terapia con cannabis cultivando nuestras propias plantas. Todos dijeron que el Estado está ausente y no lo está. Está muy presente y reprimiendo a aquellos que cultivamos cannabis con cualquier fin. El Estado no distingue para qué fin uno tiene la planta en su casa. Las que formamos hoy Mamá Cultiva somos muchísimas en todo el país, que vinieron de todas partes hoy para ser parte de esta construcción histórica de una ley que nos va a beneficiar a todos. A nosotras y a un montón de gente más porque el cannabis no es para epilepsia, es para muchísimas patologías. La salud es un derechoˮ, concluyó.
A la par de ser necesario poner en valor el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, es menester también explicitar que esas organizaciones fueron recibidas y escuchadas por el bloque FPV-PJ y fue este bloque, desde su comisión de salud, quien impulsó, acompañó y promovió que la ley se sancionara, a pesar de las resistencias que se presentaban.
Como organización política acompañamos y celebramos esta iniciativa por haber surgido de un reclamo colectivo pero nos parece fundamental destacar que deja a la luz una deuda pendiente que tenemos como sociedad. En lo específico del cannabis medicinal, poder regular el cultivo personal, solidario y colectivo. En general, poder revisar nuestra legislación en materia de drogas (legales e ilegales) dado que la actual es anacrónica y sigue persiguiendo consumidores, penalizándolos y quitando el foco de su ámbito de incumbencia que debe ser necesariamente el sanitario.
