Educación

Cuando la educación pública deja de ser una prioridad

El anuncio del paro nacional docente luego del techo impuesto a la negociación salarial del 18% junto a la posterior campaña de difamación a los docentes lanzada desde las redes sociales no sólo vienen a alejar la posibilidad de que los estudiantes comiencen su ciclo lectivo en fecha sino que viene a cristalizar otro momento más del enfrentamiento del gobierno contra las organizaciones gremiales del ámbito educativo y, a través de ellas, contra la educación pública en general.

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Por Laura V. Alonso

Porque aquella vieja promesa de campaña de “podemos vivir mejor” y nadie “les va a sacar nada de lo que corresponde” tiene su enésima desmentida en una propuesta paritaria que no sólo está por debajo de las expectativas de inflación para el 2017 sino que además tampoco contempla los puntos perdidos por la inflación de 2016.

Si a esta altura del partido alguien tiene dudas, el panorama es claro: para el gobierno de Macri la única variable que genera inflación son los salarios, en sus términos “el costo de la mano de obra”. Por el contrario, para ellos, lejos está de generar inflación el aumento desbocado de los precios de venta de la gran mayoría de los bienes y servicios de la canasta popular que deben afrontar la mayoría de los argentinos con economías familiares cada vez más estranguladas.

Pero no es sólo un tema de orden financiero lo que está en discusión, de cuál es el porcentaje de aumento salarial o de cuál es el ahorro en las cuentas públicas que el gobierno busca lograr. El desfinanciamiento del sistema educativo es el correlato financiero de una desidia mayor contra la escuela pública.

La paritaria de la provincia de Buenos Aires ocupa tanta centralidad porque el gobierno nacional anuló la paritaria nacional, aquella establecida por la ley de Financiamiento Educativo del año 2006. El argumento formal es el federalismo en versión Pro: cada jurisdicción que recaude lo que pueda, negocie y pague lo que quiera. El resultado lo conocemos porque sucedió hace muy pocos años: la atomización del sistema educativo, el crecimiento de la desigualdad entre la calidad de la educación entre las distintas jurisdicciones, como resultado último de la retirada del estado federal del rol de asegurar un piso de condiciones igualitarias y dignas para cada provincia del país. Que es lo mismo que decir para cada chico o chica que va a la escuela en la Argentina.

Decimos que se trata de una desidia mayor a una cuestión financiera, porque también incluimos en el análisis la reducción del programa Progresar, que consiste en un estímulo económico a los jóvenes a cambio de realizar estudios y capacitarse. Según un estudio de CEPA entre 2015 y 2016, la cantidad de jóvenes expulsados de Progresar ronda los 200.000.

El programa que a fines de 2015 le daba capacitación y estudios a casi un millón de jóvenes, a mediados de 2016 se encontraba en torno a los 700.000. En términos de inversión financiera hubo una reducción en valores reales de un 44% según el CEPA. La preocupación por los jóvenes mal llamados “ni-ni” sólo quedó en un slogan de campaña. Una vez más.

Otro triste ejemplo para ilustrar este ataque a la educación pública es lo que sucede con el programa Conectar Igualdad. Se trata de un programa que junto al Plan Ceibal de Uruguay fueron reconocidos mundialmente por ser una de las políticas públicas más ambiciosas en cuanto a la inclusión digital. Sin embargo, para 2016 sólo se entregaron menos de 100.000 computadoras a estudiantes de escuelas secundarias cuando deberían haberlas recibido más de 600.000 alumnos que constituyen el universo de estudiantes de la escuela secundaria. La razón de este “desfasaje” es simple: se entregó el remanente de las compras de computadoras realizado en 2015 ya que en 2016 no se hizo ningún proceso de compra.

La lista de ataques a la educación pública sigue: podemos anotar las amenazas que recibió el dirigente gremial Roberto Baradel con quien nos solidarizamos en el repudio a los intentos de amendrentar a través de su persona a los trabajadores; o la voluntad del ministro de educación Bullrich de despedir en enero de este año a 3000 trabajadores del ministerio de educación de la Nación; o también el reciente fallo de tres jueces de la cámara de Apelaciones en lo Contencioso que autoriza a la Provincia a descontar los días de huelga, vulnerando un derecho constitucional.

Aunque cansa y aburre, la lista podría seguir porque en el fondo estamos en presencia de un ataque directo al sistema educativo y a la idea de nación. Lo que en definitiva está en riesgo es una de las principales herramientas de igualdad e integración social, quizás la que más ponderada por nuestra sociedad: la educación pública.

El panorama se vuelve sombrío. En la era de conocimiento, la Alianza Cambiemos nos propone un país con docentes muy mal pagos, la supresión de políticas públicas que aseguraban el acceso a la educación para muchos y en consecuencia, cada más jóvenes fuera de las escuelas.

A pesar de que las palabras y los gestos que avalan estas políticas puedan sonar innovadoras, no estamos más que ante una reversión de “achicar el Estado para agrandar la nación”. O mejor dicho “reducir el estado y desmembrar la nación”. Eso sí, para condonar deudas familiares u otorgar rutas aéreas el Estado está bien presente.

En este contexto, cuando la educación pública deja de ser una prioridad, se vuelve imperioso advertir que l@s maestr@s que luchan también están enseñando!

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