El oficialismo logró convertir en ley el nuevo régimen para las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo gracias al apoyo de los diputados del Frente Renovador, el Movimiento Evita, Progresistas y el Bloque Justicialista. Con 88 votos a favor, 44 abstenciones y 22 votos negativos el recorte a los derechos de los trabajadores y trabajadoras se convirtió en ley.

Una de sus consecuencias es que restringe el acceso a la justicia para los trabajadores, al obligarlos a recurrir a sucesivas instancias administrativas ante las Comisiones Médicas.

Con la normativa anterior, cuando un trabajador tení­a algún accidente laboral o adquirí­a una enfermedad vinculada con el trabajo, actuaban en primera instancia una Comisión Médica Jurisdiccional cuyos dictámenes podí­an ser recurridos ante una Comisión Médica Central o ante el juez federal con competencia en cada provincia. Lo decidido por la Comisión Médica Central por su parte, podí­a ser apelado ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Luego a partir de 2004, la Corte Suprema de Justicia, estableció que el trabajador tiene derecho a acceder a la justicia directamente, sin necesidad de pasar previamente por la instancia administrativa o mientras se tramitaba el caso administrativamente, lo que se conoce como “doble ví­aˮ. Esta “doble ví­aˮ es la que deja de existir a partir de la nueva ley.

Se trata de un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras que hasta el dí­a de ayer acudí­an a la Justicia ante estas situaciones y que van a ver obstaculizada o demorada su resolución, dado que la nueva ley establece que la actuación de las Comisiones Médicas es obligatoria y excluyente, como instancia administrativa previa al inicio de cualquier litigio judicial. Estas comisiones ya se encontraban tramitando alrededor de 180.000 casos al año, con lo cual el riesgo de que colapsen y no puedan dar respuesta es elevado.

Por otra parte, con esta segunda avanzada neoliberal sobre la salud de los trabajadores, se le quita la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo, de reconocida jurisprudencia en favor de los derechos de los trabajadores, aquella que por ejemplo, acaba de homologar las paritarias de los bancarios a pesar de los intentos de la Alianza Cambiemos por desconocerla.

La razón argumentada por el gobierno para avanzar en semejante atropello de los derechos laborales es una supuesta excesiva litigiosidad. Es decir, demasiadas causas judiciales para resolver la determinación del carácter laboral de un accidente o enfermedad y la relación causal con el factor laboral. Sin embargo, los datos del propio organismo oficial competente (la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), desmienten esto: sólo el 15% de los trabajadores que se accidentan o adquieren una enfermedad vinculada al trabajo lo han resuelto judicialmente y sólo el 1,14 por mil de los trabajadores afiliados al sistema de ART realizan juicios por resarcimiento de daños.

Si de verdad el oficialismo estuviera interesado en reducir los juicios, tendrí­a que haber apuntado al verdadero problema: los trabajadores debí­an recurrir a la justicia por el incumplimiento de las normas y leyes de higiene y seguridad por parte de los empleadores, por la falta de acciones preventivas por parte de las ART, por el carácter restrictivo de las Comisiones Médicas en el reconocimiento de enfermedades profesionales e incapacidades y por la connivencia entre estos actores.

El listado de enfermedades profesionales (EP) que determina qué padecimientos pueden ser considerados como adquiridos en o por el trabajo y que en última instancia, determina en qué casos un trabajador puede ser resarcido por una enfermedad laboral está lejos de representar los problemas de salud de los trabajadores y trabajadoras y no incluye, por ejemplo, ningún padecimiento mental, invisibilizando que la salud es integral.

Esto explica en parte que una porción de los trabajadores debieran acudir a la justicia para que les reconozcan la vinculación entre una enfermedad y el trabajo. En 2015, por ejemplo y según datos oficiales, se notificaron a la SRT 663.442 casos de siniestralidad, de los cuales 796 terminaron en la muerte del trabajador. De esos más de 600 mil casos, solo el 2,9 % (19.746 casos) corresponden a enfermedades profesionales. Sin embargo, la OIT refiere que en promedio, las enfermedades profesionales representan un 38 % de la accidentologí­a, que si lo trasladamos a los datos de la SRT, implicarí­a que hubo más de 250.000 trabajadores con una enfermedad vinculada al trabajo en 2015. Muy probablemente, la diferencia entre esos 19 mil casos reconocidos por las ART y los que realmente ocurren, según las estimaciones de la OIT, son los que hasta ayer tení­an la esperanza de resolverse por ví­a judicial.

Existe otra cuestión igualmente preocupante que demuestra el desprecio de la gestión macrista por los trabajadores. La ley sancionada anoche establece que los recursos interpuestos ante la justicia tienen efecto suspensivo. Esto quiere decir que hasta tanto no exista una sentencia, el trabajador no podrá acceder tampoco a lo dispuesto por las Comisiones Médicas. Esto configura un abuso de la posición dominante sobre el trabajador, contradiciendo y desnaturalizando los principios del derecho laboral, dado que ante la posibilidad de no cobrar nada o cobrar pero con una demora importante el trabajador, puede terminar aceptando lo dispuesto por las Comisiones Médicas, aún cuando no sea lo que le corresponde o conviene.

El mismo desprecio, se manifiesta contra las organizaciones de los trabajadores ya que en algunos casos, la nueva ley obliga a las obras sociales a reintegrar las prestaciones a las ART. De esta manera, se sustraen recursos de las obras sociales sindicales en favor de las ART, como sucedió en los ´90.

Finalmente, desde el punto de vista sanitario, es importante poner sobre la mesa que del dinero gastado por las ART el 86% se destina a resarcimientos económicos y asistencia médica mientras que el 14% restante se va en gastos administrativos. La inversión en prevención y promoción de la salud es del 0%. Entonces, en lugar de cortar siempre por el lugar más fino, perjudicando a los trabajadores y trabajadoras hubiera sido interesante reducir la siniestralidad laboral, obligando a las ART y las empresas a llevar a cabo acciones de prevención, mejorando la calidad del trabajo y la salud de los trabajadores, que igualmente resultarí­a en una disminución de la litigiosidad, obteniendo además enormes resultados en términos sanitarios.

Nuevamente la Alianza Cambiemos perjudica a los sectores más vulnerados y desprecia a los trabajadores. Nuevamente vemos como aquellos legisladores que accedieron a sus bancas pretendiendo ser oposición al neoliberalismo, se alinean con el gobierno en perjuicio del pueblo. Nuevamente se ponen sobre la mesa los dos proyectos de paí­s que históricamente estuvieron en pugna. O se gobierna en beneficio de las mayorí­as populares o se lo hace en beneficio de las corporaciones.