La ley Nº 26.075 sancionada en 2005 y más conocida como ley de Financiamiento Educativo fue una gran victoria para la educación pública. Por un lado significó un aumento del presupuesto destinado a la materia hasta llegar al 6% del PBI. También reinstaló la paritaria docente nacional para corregir las inequidades que existían entre las distintas provincias.
Mauricio Macri es ingeniero y Esteban Bullrich se autodefine como “gerente de Recursos Humanos”, con lo cual es evidente que de Educación y Derecho saben poco y nada. Por eso deberían ser asesorados en la parte legal con el ministro de Justicia Germán Garavano o el Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas deberían asesorarlos. El artículo 10 de la ley de financiamiento educativo establece lo siguiente: “El Ministerio de Educación juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente, d) carrera docenteˮ. Esto implica que la paritaria docente nacional es una imposición legal y no se la puede saltear por mera discrecionalidad y arbitrariedad de los funcionarios nacionales.
Cuando se traspasa la competencia educativa de la Nación a las provincias en la reforma del 94, sin estar acompañado de compensaciones y ayudas financieras, surge una profunda desigualdad en función de las cuentas públicas de cada distrito. Aquellas provincias que estaban en una peor situación financiera destinaban menos recursos a la educación. Ello provocó que docentes de determinados territorios tuvieran salarios miserables, afectando esa circunstancia a todo el sistema educativo.
Si bien aún hoy existen desigualdades, la intención de la paritaria docente nacional es establecer un salario mínimo que asegure la dignidad a todos los maestros de la Argentina. También se busca establecer condiciones de trabajo y elementos de formación docente comunes en todo el país.
La intención del Gobierno Nacional es desarmar el camino recorrido, librar la educación pública a la suerte fiscal de cada provincia sin brindar asistencia a través del Programa Nacional de Compensación Docente también fijado en la ley de financiamiento educativo, aumentando de esta manera las desigualdades y corriendo al Estado Nacional de una función intrínseca. Una vez más demuestran que la educación pública no sólo no es una prioridad, sino que directamente la desprecian.