Buenos Aires

Monzó denunció a un militante y Ritondo ordenó un allanamiento exprés

facundo

En horas de la mañana del sábado 5 de marzo, la Policía bonaerense allanó el domicilio de nuestro compañero Facundo Ballesteros, concejal en el municipio de San Andrés de Giles.

En la vivienda se encontraban los padres del compañero y durante el allanamiento se incautó ropa vieja manchada y el celular de su papá.

La orden judicial, firmada por la jueza subrogante Diana Liz Grassi, fue dictada en el marco de la causa N°11.541, instruida por la UFI N°1 de dicha localidad, caratulada “Fernández, Agustín s/ denuncia daño”. El propósito de la misma fue secuestrar tarros de pintura, pinceles, precintos, pasacalles, teléfonos celulares y GPS. El denunciante es el suegro de Gustavo Ferrara, integrante de la lista de Cambiemos al Parlasur, y actual chofer del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

La mentada orden fue librada con fecha viernes 4 de marzo y ejecutada al día siguiente, inhábil para la administración, por lo que resulta llamativa la celeridad con la que trabajó la justicia en un delito que tiene una pena mínima de 15 días de prisión.

Todo indicaría que hay un objetivo político detrás de la ejecución del proceso judicial. Esta hipótesis fue corroborada por los oficiales que llevaron adelante el allanamiento que, sin aportar detalles de la causa, destacaron que el propio ministro Ritondo fue quien impartió las órdenes al comisario de cómo debía ser ejecutada la medida judicial.

No encontramos otra explicación a semejante proceder ¿Serán unas simples pintadas lo que haya puesto tan nerviosos a los señores Monzó y Ritondo? ¿O será que la militancia incansable de nuestros compañeros molesta lo suficiente como para que la justicia saltee jurisdicciones, trabaje en fin de semana y los ministros se aparten de sus funciones para supervisar operativos de amedrentamiento?

Desde su llegada al poder, no es la primera vez que la Alianza Cambiemos utiliza su brazo judicial para perseguir a la militancia, trabajando con especial énfasis para acallar las voces disidentes.

Las autoridades deberían preocuparse por dar explicaciones y no por allanar casas de militantes. Deseamos que pongan el mismo empeño en su trabajo cotidiano, dando soluciones más rápidas y certeras a quienes verdaderamente las necesitan, en lugar de dilapidar esfuerzos y recursos en perseguir a la militancia suponiendo que de esta manera vamos a claudicar en nuestras convicciones.

Si la intención es esa, que lo sigan intentando, porque no van a poder.

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