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Mercosur y la Alianza del Pací­fico

En el marco de la Cumbre del Mercosur, se hace necesario reflexionar sobre  los  objetivos expresados por el gobierno de Macri en torno a la  polí­tica exterior que busca llevar a cabo su gobierno. Macri pretende que el Mercosur converja con la Alianza del Pací­fico. En palabras del recientemente asignado embajador en China, Diego Guelar, se busca “encarar el desafí­o de una Zona de libre Comercio consolidada entre el Mercosur y la Alianza del Pací­fico que, además, nos integre a las negociaciones de libre comercio que están teniendo lugar en Asia-Pací­fico.ˮ

La Alianza del Pací­fico, -conformada por Chile, Colombia, México y Perú-, es un bloque subregional basado en la liberalización de servicios, capitales, inversiones y del movimiento de personas. Como parte del Acuerdo Marco firmado en 2012, los paí­ses que la conforman liberalizaron el 92% del comercio intrarregional, mientras que el 8% restante se hará de manera gradual hasta el 2030. Un aspecto no menor es que todos sus integrantes suscribieron en forma bilateral un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, paí­s que busca aumentar la influencia de la Alianza del Pací­fico en América Latina con el objetivo de desarticular los proyectos de integración contrarios a los intereses de Washington.

Ahora bien, este tipo de integración sustentada en la desregulación comercial, fomenta inequidades y ahoga a los pequeños y medianos productores, -principalmente a los del sector agrí­cola-, que quedan indefensos al no contemplarse polí­ticas de ˮ˜discriminación positivaˮ™, ni medidas ˮ˜antidumpingˮ™ que defiendan a la producción local frente al ingreso masivo de productos importados. Asimismo, como señala Ulises Noyola Rodrí­guez, la ausencia de mecanismos de financiamiento tales como bancos de desarrollo, fondos estructurales y proyectos de inversión, señalan que la prioridad de la Alianza del Pací­fico no es favorecer la integración regional, sino encontrar nuevos mercados que favorezcan a las grandes empresas trasnacionales.

La Alianza del Pací­fico tiene como principal objetivo servir como plataforma hacia la integración comercial con la región Asia-Pací­fico. Sobre este punto es fundamental el rol que juega el controversial Acuerdo Estratégico Transpací­fico de Asociación Económica (TPP), fomentado por EE.UU., -en gran parte para limitar la influencia polí­tica y económica de China -, y firmado por 11 paí­ses: Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, Chile, México y Perú, -los últimos tres, miembros de la Alianza del Pací­fico-.

La polémica en torno al TPP se genera porque detrás del secretismo con que fue negociado por los Estados parte, a espaldas de los parlamentos y de la ciudadaní­a, se esconde su  verdadero objetivo. Como explica el Nobel de economí­a Joseph Stiglitz, lejos del libre comercio, lo que verdaderamente busca el TPP es administrar las relaciones comerciales y las inversiones, en favor de las empresas transnacionales más poderosas, erosionando las capacidades soberanas de cada uno de los paí­ses que lo suscriben, a partir de la eliminación de potestades ejecutivas, legislativas y judiciales. A modo de ejemplo, el Acuerdo prevé un nuevo tipo de sistema judicial corporativo a nivel global, cuyas decisiones no podrán ser revisadas, apeladas o impugnadas por los sistemas judiciales de los soberanos.

Asimismo, la ONG Médicos Sin Fronteras denunció  que los grandes perdedores del Acuerdo son los sistemas de salud de los paí­ses en desarrollo, ya que incorpora una excesiva protección a la propiedad intelectual, que favorece a las corporaciones farmacéuticas y limita el libre acceso a los medicamentos y tratamientos médicos.

Cuando la flamante canciller Malcorra propone desideologizar la polí­tica exterior del paí­s, a la vez que expresa que el ALCA no es una mala palabra, no hace más que evidenciar que este aparente pragmatismo oculta que los lineamientos planteados por el gobierno están marcados ideológicamente por el neoliberalismo y que al no contemplar las asimetrí­as y los grados de desarrollo de cada uno de los paí­ses, el tipo de integración pretendida exacerba la desigualdad entre y hacia adentro de cada uno de los Estados.

Como expresó Néstor Kirchner en 2005, “la integración posible será aquélla que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola ví­a de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerzaˮ.

 

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