Editorial

Comunicado: Clarín miente (una vez más)

Nota ilustrar (2)

Ante versiones de prensa malintencionadas que relacionan a nuestra organización con la supuesta distribución de un instructivo para tomar terrenos y casas, desmentimos rotundamente la operación de prensa llevada adelante con el único objetivo de dañar a La Cámpora.

Los medios y periodistas que armaron esta operación son los mismos que nos tienen acostumbrados a mentir y difamar sistemáticamente con el único propósito de desprestigiar y desalentar que los jóvenes se organicen y militen en política.

Por suerte la mentira tiene patas cortas, y tal es así que al quedar en evidencia, el portal del diario Clarín -que en las primeras horas del día adjudicó la autoría del manual a La Cámpora- quitó la nota de su página principal y modificó su título.

En la segunda nota, Clarín afirma que  “Un cuadernillo en el Municipio de la Costa enseña a tomar terrenos y casas. Inicialmente, se adjudicó a La Cámpora la autoria de esta publicación” (la falta de acento en autoría es de exclusiva responsabilidad de Clarín).

El problema es que quien adjudicaba a La Cámpora tal situación era el propio Clarín que, sin avergonzarse, no se hizo cargo ni de su propia operación de prensa. Clarín dejó en la nota los tuiter de la periodista del Grupo que dio la “primicia” en el servicio informativo  de radio Mitre a las 9 de la mañana.

Una vez más, su afán por desprestigiar los hace chocar con la realidad, y la convierten en realidad virtual.

Portada

Tras la llegada por la mañana de lxs compañerxs de las distintas localidades de la provincia, lxs secundarixs santafesinxs se dividieron en comisiones y debatieron sobre tres ejes: Género, Centros de Estudiantes y Derechos Humanos. En este espacio, hicieron un análisis de la militancia durante el 2018 y deliberaron sobre los desafíos y las responsabilidades para el año entrante. Además, contaron con la participación del referente Matías Fernández.

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Derechos Humanos

La Justicia condenó a dos ex jefes de la planta automotriz por el secuestro a 24 trabajadores durante la dictadura cívico militar. Es la primera sentencia contra jerarcas de una multinacional, no como cómplices, sino como partícipes necesarios y directos en delitos de lesa humanidad.

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