La creciente debilidad del modelo de convertibilidad de los años noventa obligaba a que la Argentina fuera dependiente de un crónico endeudamiento externo. En una primera etapa, ese endeudamiento era tanto del sector público como del sector privado. Ante los excesos de deuda tomada por el paí­s, los acreedores internacionales empezaron a limitar el crédito hacia fines de los años noventa. La situación fue empeorando progresivamente y, en 2001, el Gobierno en las condiciones recesivas de la economí­a nacional, era el único que podí­a acceder al financiamiento externo a través de los organismos internacionales de crédito como el FMI o el Banco Mundial. Estas instituciones, que supuestamente buscaban tranquilizar a los mercados, otorgaban “asistenciasˮ o “ayudasˮ.

Frente a la inconsistencia del modelo, como estrategia de comunicación, a los paquetes de endeudamiento se los llamó Blindaje y Mega Canje. Pero no se mencionaba que eran préstamos que habí­a que devolver. Tampoco se informaba a qué tasa se habí­an pactado esos préstamos y que esas deudas sin crecimiento serí­an impagables. Cualquier desprevenido, guiado por los tí­tulos de los grandes diarios, podí­a suponer que eran donaciones.

Sin embargo, las consultoras internacionales advertí­an sobre los riesgos del mercado nacional mediante lo que se bautizó como “Riesgo Paí­sˮ. Cuando ese í­ndice aumentaba, subí­a la tasa de interés que debí­an pagar los bancos por los depósitos en el paí­s y los créditos que se habí­an tomado se encarecí­an, los bonos del sector público se volví­an más riesgosos y bajaban su precio, agudizando la fragilidad de la polí­tica económica nacional y la dependencia de las “ayudasˮ de organismos internacionales de crédito.

En este escenario, en los primeros dí­as de diciembre de 2001, se producí­a una incesante fuga de depósitos de los bancos. Como esas salidas superaba el ingreso de dólares por el Blindaje, el Mega Canje y los Préstamos Garantizados (fue el último tramo de “asistencia financieraˮ del FMI), el Banco Central perdí­a reservas. Los depósitos en pesos de los ahorristas eran convertidos a dólares y, al igual que los depósitos en dólares, se sacaban de los bancos (se depositaban en bancos de otros paí­ses, se guardaban en cajas de seguridad o se escondí­an en los hogares).

El caos económico llevó a las autoridades económicas a instrumentar medidas para frenar el drenaje de depósitos, implementando el denominado “corralito financieroˮ. Este hecho agravó notoriamente la crisis económica y social y derivó en el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, que culminó con la caí­da del gobierno de Fernando De la Rúa. Dí­as después, el presidente provisional Adolfo Rodrí­guez Saá anunció la suspensión del pago de la deuda y, en semanas posteriores, el Congreso Nacional sancionó una ley que pondrí­a formalmente fin al régimen de convertibilidad.

A comienzos de 2002, se delineó el esquema de salida del 1 a 1. Debido a las presiones del FMI, se estableció un sistema libre de mercado para que el tipo de cambio se determinara por la acción de la oferta y la demanda de dólares en el paí­s. Así­ el precio del dólar se disparó rápidamente de valor, duplicando su precio en menos de un mes, fogoneado, en gran medida, por analistas que señalaban que el dólar debí­a llegar a $6, $7, $8 o más y que el paí­s en realidad necesitaba una dolarización total de su economí­a.

Posteriormente, se pasó a un régimen de administración del mercado de cambios con intervención del Banco Central para evitar cambios pronunciados en el valor de la moneda nacional. En febrero de 2002 se determinó la pesificación, a la paridad $1-U$S1, de todas las deudas en dólares con el sistema financiero local y su actualización por un í­ndice asociado a la evolución de la inflación. Ello implicaba una gran licuación de las deudas porque la escalada del dólar   implicaba que las obligaciones asumidas en esa moneda pasaban a valer menos de la mitad   (en enero de 2002 ya cotizaba a $2,05). En la propuesta inicial, el beneficio de la pesificación de las deudas sólo era para las inferiores a los 100 mil dólares. Sin embargo, luego de las presiones de las grandes corporaciones, la administración de Duhalde estableció que la pesificación abarcarí­a a la totalidad de las deudas privadas, independientemente del tamaño, origen, actividad y/o otras caracterí­sticas de las empresas que se habí­an endeudado en moneda extranjera.

Los depósitos en dólares de los ahorristas en los bancos también fueron pesificados e indexados, pero a la paridad US$1-$1,40. Ello provocó un problema porque por los préstamos que habí­an otorgado los bancos cobraban un peso por dólar y por sus depósitos debí­an pagar, en pesos, un 40% más por cada dólar.

El costo de esa pesificación asimétrica no fue absorbido por el sistema financiero y estas entidades fueron compensadas por el Gobierno de Duhalde mediante la emisión de tí­tulos públicos. A estos tí­tulos se los llamó Boden 2012.

El pago final de todo el capital y los intereses que fueron generando en la última década se terminará de pagar el 3 de agosto de 2012 con las reservas del Banco Central. Ellas fueron generadas genuinamente por polí­ticas que promovieron un esquema de crecimiento con inclusión social basado en la recuperación de la capacidad productiva del paí­s y no por privatizaciones ni endeudamiento como sucedió a lo largo de toda la convertibilidad.

En este sentido, una de las caracterí­sticas centrales del modelo económico iniciado en el 2003, con la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación y profundizada por Cristina Fernández de Kirchner, es la polí­tica de desendeudamiento externo que permite ampliar los márgenes de la independencia económica y que implica hacerse cargo de los desastres económicos generados por los gobiernos anteriores.