Opinión

Cacerolas, piquetes y el campo

En la misma semana hubo tres movilizaciones que representan, por un lado, algunos de los sectores (minoritarios, por lo menos por ahora) que por causas distintas están enfrentados al gobierno nacional y por el otro, el nuevo tipo de protesta heredero de las jornadas negras del 2001 y 2002.

La dirigencia de las asociaciones que nuclean a los dueños y empresarios de la tierra organizaron “un paro”. No es que le avisaron a la semilla que pare de crecer sino que se pusieron en las bocas de expendio de los granos de exportación, ya que eran pocos como para cubrir las rutas, para que no puedan comercializarse en blanco los granos. Con lo cual, de paso, al disminuir la oferta, aumenta el precio. En todas las legislaciones de cualquier paí­s eso no es un paro, es un delito penal. Y bastante grave. En Argentina, también. Pero los jueces miran para otro lado.

Hubo, también, cortes de calles, el método piquetero que se utilizó durante los momentos de mayor desocupación y precarización laboral donde las organizaciones que nucleaban a estos trabajadores caí­dos del sistema (perdón, echados fuera del sistema) reconocí­an que cometí­an un delito, plasmado en la Constitución incluso, al no permitir la libre circulación pero que lo hací­an por razones de fuerza mayor: todos los derechos consagrados en el Artí­culo 14 -el derecho al trabajo, a la vivienda, etcétera- estaban siendo vulnerados. Por supuesto, tení­an razón. Aunque los jueces, en esos casos, no miraban para otro lado y procesaban a los que cortaban las calles y rutas. Esta semana, la CTA Blue, por llamarla de algún modo, la CTA paralela convocó a cortar las calles en reclamos de mejoras salariales que se están discutiendo en el marco de los convenios y las paritarias. O sea, en el ámbito donde corresponde. Una cosa bastante rara.

Y hubo, también, cacerolazos, convocados espontáneamente por cadena nacional de medios hegemónicos (para no decir ilegales, por que queda feo) que no fueron organizados por ningún partido polí­tico. Sólo por las principales corporaciones económicas del paí­s. Los caceroludos no tení­an una consigna precisa, más bien, contaban a los movileros que no fajaban, que sentí­an “bronca” o “impotencia” o que estaban “hartos”. Lo decí­an en la Plaza de Mayo y en reclamo al gobierno. Deberí­a intervenir el Ministerio de Salud. Con una buena terapia esas cosas pueden mejorarse.

Pasa algo con los caceroludos. Algo, también, raro. No se animan a decir cuál es en concreto su reclamo al gobierno. Están en todo su derecho a manifestar sus emociones, sea en el diván de un psicoanalista, en grupos de autoayuda o como insultos a Cristina, pero convengamos que si quieren pedir algo al gobierno lo mejor es que se les entienda. No hay mucho misterio, pero les da verguenza decirlo. No quieren restricciones al dólar, no quieren que eliminen los subsidios a los ricos, no quieren una polí­tica económica autónoma y, algunos, tampoco quieren la polí­tica de derechos humanos y que la presidenta sea una mujer. Pero no lo pueden decir en público, de ahí­ que nos cuenten sus emociones.

Las tres protestas, legí­timas (decir que una protesta es legí­tima incluye la práctica concreta: el gobierno no reprime ni prohibe esas protestas, como sucedió, por ejemplo, cuando esas protestas en éste paí­s eran masivas: en las jornadas del 2001 y 2002) tienen un hilo en común: no sólo la oposición al gobierno nacional, sino que perciben cierto clima de debilidad en el oficialismo, extensivo, por su decepción con las oposiciones, al sistema polí­tico todo. No creen, digamos, en canalizar esas demandas a través de las instituciones. Sea el Ministerio de Agricultura, el de Trabajo o el Congreso.

Quizás, por eso también, apelan a la repetición, descontextualizada, de las escenas dramáticas del comienzo del fin del neoliberalismo entrando el nuevo siglo.
Las diferencias son tan contundentes, tan obvias para el conjunto de la población -exceptuando, claro está, estas minorí­as superideologizadas como transferencia de una mala terapia- que quedan en el vací­o. Paradójicamente aún cuando hacen mucho ruido, no sólo por que atropellan los derechos de terceros, sino porque los amplifican por la cadena nacional privadas que comanda el Grupo Clarí­n.

Además de las obvias diferencias económicas -baja de la pobreza, del desempleo, aumentos salariales, asignaciones y jubilaciones universales, etcétera- y polí­ticas -la autonomí­a nacional, el 54% con que fue reelecta Cristina, etcétera- hay otra diferencia con el 2001 que, esas minorí­as superidiologizadas comprenden muy bien: existe la ley de medios. Y el clima cultural que esa ley generó. Y las cosas que, al discutir esa ley, la sociedad aprendió.

Tan bien lo saben estas minorí­as superidiologizadas que terminaron agrediendo cobardemente a periodistas de este diario, de Tiempo Argentino, de Télam y de 678 y Duro de Domar. Porque, simplemente, querí­an preguntar.

*Por Lucas Carrasco, en Diario Crónica.

Comunicado de La Cámpora
El gobierno definió avanzar con otra de sus políticas de crueldad, exclusión e injusticia al despedir masivamente a trabajadoras y trabajadores de distintas dependencias del Estado. Nos solidarizamos con cada uno de ellos y ellas y manifestamos nuestro acompañamiento a los sindicatos, herramientas fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores y, por eso mismo, blanco sistemático de las operaciones de deslegitimación que llevan adelante el gobierno y los medios hegemónicos. Repudiamos especialmente el hostigamiento por parte de la Policía Federal a los delegados y delegadas gremiales.