Política

Discapacidad

La crueldad como política

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El 29 de mayo pasado, organizaciones de personas con discapacidad, familiares, autoconvocados, organizaciones de prestadores y adherentes se movilizaron a la Quinta de Olivos y en distintas provincias del país como Córdoba, Santa Fe y Tucumán, en rechazo al proyecto de decreto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca desregular los montos de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Dos días después, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad y abogado personal del presidente, Diego Spagnuolo, ratificó que la iniciativa está siendo evaluada. Conocé los detalles de esta nueva avanzada contra.

por La Cámpora
6 jun 2024

A través de la Ley 24.901, sancionada en 1997, se creó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Este sistema incluye terapias de salud, pero también educativas, asistenciales y transporte entre su domicilio y el establecimiento educacional o de rehabilitación. Desde abril del año 2000, el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad fija un valor único para las mismas. Es decir, los precios no pueden ser más altos o bajos que los que fija el nomenclador. La regulación, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), busca la universalidad y atención de calidad para todas las personas con discapacidad, sin discriminar por ingresos, lugar en el que vivan o el sistema de cobertura con el que cuenten.


El proyecto de decreto, que impulsa el gobierno de Javier Milei, y que cuenta con dictamen de la Secretaría Legal y Técnica desde el 24 de mayo, establece que “los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901, fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.  


¿Qué significa esto? Que los financiadores del sistema (obras sociales, PAMI, INCLUIR Salud, etc.) pagarán aranceles diferentes a los prestadores, lo que implica que los jubilados y pensionados, trabajadores con obras sociales y sus familiares, receptores del programa federal Incluir Salud, entre otros, ya no tendrán las mismas prestaciones. 


¿Qué consecuencias tendrá sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad? Actualmente, el colectivo resiste los intentos del Poder Ejecutivo de destruir el sistema que busca la atención integral y universal a las personas con discapacidad. Las expresiones de las organizaciones de personas con discapacidad, federaciones de trabajadores prestadores, y referentes con discapacidad son contundentes. Este lamentable proyecto de decreto dividiría a las personas con discapacidad según cuán grandes sean los aportes que hacen a los fondos de financiamiento. La monopolización que vendrá con la eliminación del nomenclador único solo traerá un achicamiento en el repertorio de prestaciones, de una calidad inferior a las actuales. Desarmar el nomenclador significa dar rienda suelta al mercado en un sistema que no tiene como fin último generar riqueza, sino el acceso a la salud, educación, rehabilitación, elementos de ayuda y medicamentos de las personas con discapacidad.

Este lamentable proyecto de decreto dividiría a las personas con discapacidad según cuán grandes sean los aportes que hacen a los fondos de financiamiento.

Adrián, transportista de personas con discapacidad, dice al respecto de la situación actual: “Estamos en un lugar vulnerable, hablando del transporte. El nomenclador no se ajusta a la realidad de la economía, por ende el servicio de transporte se ve afectado de forma directa. Lo digo porque nosotros tomamos como referencia el combustible, al encarecerse hace que la actividad comience a ser no viable […] El gobierno quiere hacer una desregulación en un sistema que no está preparado competitivamente para una desregulación. Las pagas son a 90, 120 días. Es muy difícil sostener la actividad así.” 


Si los financiadores determinan aranceles directamente con los prestadores, entonces cabe preguntarnos ¿en qué situación queda la ANDIS? El vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad es siniestro. Los más de 300 trabajadores y trabajadoras despedidos de sus puestos de trabajo respondían consultas por pensiones, certificados de discapacidad (CUD), programas de empleo, o cumplían otras funciones de vital importancia. Al echarlos, no solo se está dejando a un trabajador sin empleo injustificadamente, sino que se está tomando una decisión sobre la política en discapacidad: Sálvese quien pueda. 


Guadalupe Bargiela, despedida de la agencia en marzo y militante de OrgulloDisca, dijo al respecto: “Es un ajuste brutal, Diego Spagnuolo no sabe de discapacidad, la gestión no sabe de discapacidad […] No es solo falta de sensibilidad, no solo es una aberración, es un avasallamiento sobre los derechos humanos, es un incumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es violento”. 


Nuestro país tiene cuentas pendientes en torno a las políticas de discapacidad. De hecho, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones para que el Estado argentino trabaje en fortalecer e implementar las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos del colectivo. Una de ellas, es armonizar nuestra legislación y políticas públicas de discapacidad a nivel federal, provincial y local con la Convención, incluyendo la aprobación de una nueva ley sobre los derechos de las personas con discapacidad alineada con el modelo de derechos humanos. Recordemos que en Argentina rige la ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, que fue sancionada y promulgada en 1981 durante el gobierno de la última dictadura cívico-militar. Esta ley tiene una mirada atrasada, contraria a la perspectiva social de la discapacidad que Argentina acordó cumplir en 2015. 


Actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que busca facilitar la implementación de políticas que aseguren la calidad y la universalidad del Sistema de Prestaciones Básicas para la Atención de las Personas con Discapacidad, a los efectos de su acceso en igualdad de condiciones y en cumplimiento con los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


En Argentina, más de un cuarto de los hogares cuentan con al menos una persona con discapacidad. Quienes no tienen un concubino con discapacidad tendrán primos, algún tío, un amigo o hermano de un amigo, pero probablemente no un compañero de trabajo con discapacidad, ya que 8 de cada 10 personas con discapacidad son desempleadas. El decreto que busca aprobar el director ejecutivo de la Andis, Diego Spagnuolo, solo crearía un problema más en la vida de las personas con discapacidad. La falta de justificación del decreto sólo puede ser entendida a través de un completo desconocimiento sobre la realidad de la población cuyos derechos debería consolidar, no atacar. 


El miércoles 5 de junio, el flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, tuiteó en contra de la ampliación de las pensiones no contributivas por discapacidad durante los gobiernos de Nestor, Cristina y Alberto. Acusó que el otorgamiento de pensiones se dió sin fundamento, como si las personas con discapacidad no existieran. Todo indica que buscan repetir la quita de 200.000 pensiones por discapacidad de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Las personas con discapacidad se movilizaron en todo el país, logrando la restitución de las pensiones. 


Las personas con discapacidad no son descartables. Es un colectivo que atraviesa una situación muy perversa en manos de un gobierno que promueve una política de crueldad. Los ataques al colectivo de Discapacidad por parte de Javier Milei no son una novedad, ya lo ha mostrado en las redes sociales y en su campaña electoral. La desregulación del sistema de prestaciones es un error con un costo enorme en la vida de las personas con discapacidad.

Descripción de imagen de portada: La imagen muestra sillas de ruedas vacías, cada una con carteles donde se lee "No al ajuste en discapacidad". Fue tomada durante la protesta del 29 de mayo frente a la Quinta de Olivos.