Chaco

Apoyamos la decisión de Capitanich de democratizar las fuerzas de seguridad

Apoyamos y respaldamos la decisión del gobierno provincial de no reincorporar a los cuatro oficiales vinculados al episodio de violencia policial hacia una familia de la comunidad Qom en el barrio Banderas Argentinas de la ciudad de Fontana la noche del 30 de mayo.

El gobernador es la máxima autoridad en materia de seguridad por mandato constitucional, legislaciones provinciales, nacionales e internacionales. La renuncia de la cúpula policial de la provincia, en reclamo por el reintegro a sus labores de cuatro oficiales detenidos por violencia institucional, tortura y abuso sexual, deja al descubierto los métodos extorsivos por los cuales la corporación policial pretende poner de rodillas a un gobierno votado por la gran mayorí­a de las y de los chaqueños.

Desconocer al gobernador como máxima autoridad de seguridad de la provincia, desobedecer resoluciones ejecutivas que pretenden evitar futuros atropellos al pueblo chaqueño, y fogonear el conflicto a través de medios de comunicación conservadores y sin compromiso con las polí­ticas de Memoria, Verdad y Justicia, refleja un pacto de impunidad dentro de la fuerza pública que busca desesperadamente un aval en la población civil.

No perdemos de vista que el conflicto se agudizó tras el anuncio del gobernador Capitanich, en los primeros dí­as del mes de julio, de la plena instrumentación de la Ley de Seguridad Pública (sancionada en el 2012), a través de la que se aplicarí­an controles y auditorí­as civiles sobre el accionar interno y externo de la Policí­a del Chaco mediante la Dirección de Control Policial, dejando atrás el tan cuestionado í“rgano de Control Institucional (a cargo de la propia policí­a).

Hechos como los del Bandera Argentina de Fontana son moneda corriente en los barrios de toda la provincia y otros distritos del paí­s, por lo cual entendemos que es imperiosa la necesidad   de discutir el rol de las fuerzas provinciales en la vida democrática de nuestro pueblo, desde una perspectiva que defienda de forma integral e irrestricta los derechos humanos, géneros e interculturalidades.

 

 

 

Derechos Humanos
El TOF 4 de San Martín condenó a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad a los genocidas Eduardo Eleuterio Ascheri, Jorge Eligio Bano, Marcelo Cinto Courtaux, Roberto Dambrosi y Luis Ángel Firpo por su responsabilidad en la detención y desaparición de miembros de la Contraofensiva Montonera. Las fotos de las víctimas y los pañuelos enmarcaron este fallo histórico, tanto en la sala como en las pantallas de los familiares que siguieron la sentencia de forma remota.