Se trata de la Ley 27.078, sancionada en noviembre de 2015 y que había declarado de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados. A través del artículo 11 de esa Ley, se reservó con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) una serie de frecuencias.
El decreto 58/2019 publicado hoy en el Boletín oficial afirma que “el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) asignará en forma directa a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus finesˮ.
Y agrega que “por lo tanto resulta necesario y urgente establecer medidas concretas a efectos de posibilitar que el ESTADO NACIONAL, conforme los procedimientos de asignación establecidos en el Decreto N ° 1340/16 ponga a disposición de prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las bandas de frecuencias consignadas en el Anexo II de la Ley N ° 27.208, reservadas con carácter preferencial a la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANí“NIMA AR-SAT, de manera de promover su utilización para la prestación de los Servicios de Comunicaciones Móvilesˮ.
El decreto habilita al organismo dirigido actualmente por Silvana Giudici, a otorgar las bandas de comunicaciones de Arsat a prestadores de servicios privados regionales o locales.
Al respecto, el diputado nacional Rodrigo Rodríguez (FPV-PJ) sostuvo que “el decreto de Macri y el desguace de Arsat confirma su desprecio por el patrimonio público, la renuncia a la soberanía satelital y su vocación permanente por garantizar la rentabilidad empresaria por sobre los derechos de la ciudadanía”.
El legislador, que es miembro de la Comisión Comunicaciones e Informática en la Cámara Baja afirmó además que “entregar el espectro, un recurso estratégico de las telecomunicaciones, en un marco de híper concentración y un Estado desentendido de la regulación y el control será absolutamente perjudicial para los consumidores”.
Por último, consideró que “la protección mediática de la que goza el gobierno de Macri se nutre de decretos como éste que consolidan la transferencia de recursos públicos a manos privadas”, y adelantó que “la Comisión Bicameral de seguimiento de los DNU del Congreso debería tratarlo rápidamente y dictaminar su rechazo”.
