Liz tení­a 35 años y no 24 como circuló en una primera versión que nos anoticiaba de su fallecimiento. Las imprecisiones no son otra cosa que una marca más de la clandestinidad a la que son arrojadas las mujeres de los sectores populares que deciden interrumpir un embarazo. Liz tení­a un hijo de dos años y una vida por delante, una vida de esfuerzos, pobreza y marginalidad. Liz estaba embarazada y no querí­a estarlo. Se metió un tallo de perejil por el tracto vaginal, causándole una infección grave que desencadenarí­a en su pronta muerte. En agosto de 2018, dí­as después de que 40 senadores, varios gobernadores (entre ellos Marí­a Eugenia Vidal) y el presidente Mauricio Macri le negaran a las mujeres y personas gestantes el derecho básico a la vida, a la salud y a la libertad, a la hora de elegir sobre sus propios cuerpos.

Nos dejaremos de decirlo. Los abortos existen. Pueden ser legales, seguros y gratuitos; clandestinos y costosos; o marginales y extremadamente inseguros. La legislación punitiva, fracasó. La mujer que decide interrumpir su embarazo, lo hace. En las condiciones que puede, con la información y los recursos que tiene a su alcance. Están quienes conocen sus derechos y acuden a un centro de salud con profesionales que se los garantizan y, así­, acceden a un aborto en el marco de la ley vigente hoy, que incluye no sólo los casos de violación sino también el peligro para la salud de la mujer en términos integrales. Están quienes no acceden a un centro de salud público pero tienen el dinero necesario para poder abonar un aborto clandestino, con algunas expectativas de salubridad. Y están las Liz, mujeres pobres que saben que no pueden ni quieren continuar un embarazo y ante la soledad y el abandono estatal, recurren a la práctica que pueden; arriesgando en ello su vida. El aborto es, sin dudas, una problemática de salud pública y de justicia social.

Liz engrosa las estadí­sticas que el Estado no quiere ver ni nombrar. Liz era ciudadana de la Provincia de Buenos Aires, donde su gobernadora dijo que sentirí­a “alivioˮ si la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no se aprobaba. Vidal dio notas a medios masivos de comunicación la última semana de definición por nuestros derechos en el Senado; desinformando a la población, contradiciendo incluso al Ministro de Salud de la Nación, dando cifras falsas sobre el supuesto costo que implicarí­a la aplicación de esa normativa y argumentando que serí­a imposible de implementar en el territorio que gobierna. Vidal operó para que la ley no salga. Vidal convenció legisladores. Vidal posó con un varón sin útero con su pañuelo celeste-antiderechos colgando del cuello. Vidal es responsable, como cada senador y cada senadora que levantaron su mano a favor de las muertes por abortos clandestinos. Vidal, a su vez, no aplica en su jurisdicción el protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo; y forma parte de un gobierno que subejecutó y vació el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y que no aplica la Ley de Educación Sexual Integral.

Los sectores más retrógrados llenaron el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo de falsedades. Usaron el hipócrita eslogan de “salvar las dos vidasˮ y señalaron con el dedo acusador a las mujeres que reclamaban por el derecho al goce en equidad, por el derecho a la soberaní­a de sus propios cuerpos, por el derecho a no morir por no querer ser madres. ¿Qué “dos vidasˮ salvaron? ¿Qué alternativa presentaron los 40 senadores para que no se sigan muriendo las mujeres de los sectores populares? ¿Qué piensa hacer el Ejecutivo ante estas muertes evitables?

Nosotras, nosotros, nosotres; más fuertes que nunca, seguiremos militando porque se respete nuestro derecho a educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Por Liz y por todas a las que les arrebataron su voz: Será Ley.