Desde que asumió Mauricio Macri, los precios de las empresas de medicina prepagas están librados a las necesidades del mercado. Tan sólo en los últimos 12 meses, los mismos acumulan subas de un 34 por ciento; quedando por encima de la media inflacionaria y un 17  por ciento por debajo de los aumentos salariales promedios en ese perí­odo, según revela un informe de la Fundación Soberaní­a Sanitaria. Es así­ como el Estado autoriza y regula su aumento, a la par que las tarifas de servicios esenciales como electricidad, gas, agua o transporte; afectando severamente el poder adquisitivo de la ciudadaní­a.

Así­ mismo, estos incrementos, sumados a la crisis socioeconómica, generan una baja significativa en la cantidad de afiliados, provocando una saturación del sistema de salud público y de las obras sociales sindicales. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la Dirección General de Estadí­stica y Censos, el porcentaje de afiliados a empresas de medicina privada por contratación voluntaria pasó del 8,1% en 2015 a 6,1% en la actualidad. Del mismo modo, quienes tienen cobertura privada por derivación de aportes han pasado del 21,6% en 2015 al 17,3% en 2017.

Por otra parte, cabe destacar que estos incrementos en las cuotas no se condicen con las variaciones en los costos que afrontan las empresas prestadoras, tal como indica la Ley Nº 26.682. Por el contrario, siendo que esos costos el último año alcanzaron un 31%, no se explica por qué los 6 millones de afiliados a planes de medicina prepaga deben afrontar una suba de sus cuotas de un 34%. De acuerdo a la legislación vigente, el Poder Ejecutivo deberí­a autorizar los aumentos en función del estudio de los costos que las prepagas deben afrontar, con lo que el incremento del arancel por encima de los costos de las prepagas; da cuenta de un Estado que inclina la balanza en favor de los empresas y no del beneficio de los ciudadanos y ciudadanas.

Vale recordar que en el año 2017 los aumentos fueron de un 6% en febrero, un 6% en julio y un 5% en agosto. Mientras que, en lo que va de 2018, las tarifas treparon un 4% en febrero, un 7,5% en junio y un 7,5% en agosto, superando el aumento acumulado para el mismo perí­odo del año anterior.

Ante el retiro del Estado en el control de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y con una clara posición por parte del gobierno nacional de favorecer a las empresas por sobre la integridad del pueblo, se hace imperiosa una nueva regulación legislativa para que la salud se consolide como un derecho y deje de ser una mercancí­a.