En un momento histórico para nuestro país, se discutirá por primera vez en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto. Fue la lucha del movimiento de mujeres, del feminismo organizado, transversal y plural, la que logró que el debate se gane en la sociedad. En el Congreso, en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales; se fueron sumando y difundiendo argumentos que permitieron concientizar a la población de que el aborto inseguro es una problemática de salud pública y de justicia social. Son las mujeres y las personas gestantes las que arriesgan su vida cuando al decidir practicarse un aborto, acuden a prácticas clandestinas e inseguras. Será solamente la legalización la que permita terminar con la primera causa de muerte materna en nuestro país y por fin incorporarnos a la nómina de Estados que legalizándolo, lograron reducir enormemente este índice que no hace más que visibilizar las desigualdades socioeconómicas. Será con la legalización del aborto que las mujeres y personas gestantes podremos tener autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones a la hora de planificar nuestras vidas.
El debate contó con la presencia de trabajadores/as de la salud, técnicos/as, actrices, jóvenes, referentes sociales, políticos y barriales que intentaron llevar la voz del pueblo argentino a la cámara de diputados. Es de resaltar que tanto los ministros de salud de la última gestión como el actual, apoyan la iniciativa.
El proyecto de ley contempla que toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional. Luego de ese período, rigen los causales contemplados en el Artículo 86 del código penal, ratificados en el caso FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, si el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante y/o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto. El último punto fue una de las modificaciones realizadas al proyecto originalmente presentado a fin de no generar malos entendidos a partir de las tergiversaciones esgrimidas por personalidades mediáticas que enarbolaron las consignas de los antiderechos.
La práctica del aborto deberá estar garantizada por el sistema de salud pública y deberá ser cubierta de forma íntegra por prepagas y obras sociales. Lo único que se le exigirá a la persona gestante es la firma de un consentimiento informado, quedando siempre amparada por el criterio de confidencialidad.
Por otra parte, se incorpora el plazo máximo de 5 días que tendrá el efector de salud para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. En el caso excepcional de ser necesaria una derivación, debe garantizarse el cumplimiento de este plazo y la responsabilidad de que así sea queda en la institución que recibió a la persona gestante.
A su vez, se incorporaron las consejerías interdisciplinarias para quienes lo requieran. En las mismas, se podrá acceder a información adecuada, atención previa y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo para garantizar un espacio de escucha y contención integral, recibir acompañamiento en el cuidado de la salud e información y provisión de los distintos métodos anticonceptivos disponibles.
Además, el proyecto incorpora la objeción de conciencia para los y las profesionales de la salud que por motivos personales no quieran realizar la práctica. La objeción debe ser individual y quienes la hagan deben anotarse en un registro previamente, quedando sin efecto en caso que la gestante requiera de atención impostergable. Se prohíbe explícitamente la objeción institucional.
Por otro lado, se hace referencia a la impostergable ejecución de políticas públicas de salud sexual y reproductiva y a la educación sexual integral en todos los niveles educativos.
A su vez, se regula que se llevará un registro estadístico para así monitorear y evaluar la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy en día existe un subregistro de causas de mortalidad definidas como maternas precisamente por lo clandestino e ilegal de esta práctica. Es fundamental poder contar con información para así planificar políticas para mejorar el acceso a la salud integral de la población.
Por último, la ley prevé la modificación del Código Penal. Se penaría con prisión de tres a diez años si un profesional de la salud practicara un aborto sin consentimiento de la gestante, pena que puede aumentar a quince si resultara muerta la misma, con prisión de tres meses a un año si con el consentimiento de gestante el aborto se produjere a partir de la semana quince del proceso gestacional, por fuera de los causales ya enumerados. Así mismo se reprimirá con prisión de tres meses a un año e inhabilitación a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados, pena que se elevaría a tres años si se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la gestante. Para la mujer o persona gestante, se prevé una pena de prisión de tres meses a un año cuando se realizara un propio aborto a partir de la semana quince del proceso gestacional por fuera de los causales previstos.
Se estipula que en Argentina se realizan entre 370 mil 520 mil abortos al año. El aborto clandestino e inseguro causa complicaciones en la salud integral de miles de mujeres, en muchos casos llegando a la muerte. Se torna fundamental que a la hora de votar, nuestros y nuestras representantes no lo hagan desde criterios morales o religiosos, sino para regular una problemática de salud pública existente.
Estaremos en la calle, poniendo el cuerpo y el corazón hasta que termine la votación, para continuar conquistando derechos porque entendemos que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es justicia social.
