Ese día, las detenciones arbitrarias, sistemáticas y selectivas que sufren habitualmente los vendedores ambulantes, particularmente los inmigrantes, la cual culminó con un total de 19 detenidos y heridos (12 personas de nacionalidad senegalesa, 5 personas de nacionalidad argentina y 2 personas de nacionalidad peruana).
A quienes mantuvieron detenidos en la comisaría N ° 50 y la alcaldía de la comisaria N ° 13, recibiendo un trato inhumano manteniéndolos precintados y esposados en los calabozos, además se los privó de agua, comida y acceso a los sanitarios.
Intervino el Juzgado Correccional y Criminal N °52, la mayoría de los detenidos fueron imputados por los delitos de “Atentado, Resistencia a la autoridad, Daños y Lesionesˮ, sólo a uno de ellos le adjudicaron la infracción a la Ley de marcas. Cabe destacar que uno de los detenidos en la represión fue el delegado de los senegaleses, Dnyaga Jackson. Además, detuvieron y golpearon a una maestra y un joven de 22 años que salía de trabajar en las inmediaciones del operativo.
Todo este accionar anti-humano principalmente, y privatorio de los derechos constitucionales de cada una de las personas que fueron increpadas, y maltratadas por las fuerzas de seguridad las cuales son amparadas por el ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, responde directamente a una política que el gobierno de Mauricio Macri permanentemente intenta instalar como práctica cotidiana entre los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra Argentina, respondiendo a prácticas xenófobas.
Es entonces que una vez más los dirigentes que responden a los intereses del pueblo y contra la política de Cambiemos, intervienen para asegurar que los derechos de los habitantes del territorio Argentino sean respetados.
Es así que el Diputado Nacional Horacio Pietragalla se hizo presente en la comisaría, junto a otras organizaciones de las colectividades, para exigir la inmediata liberación. Pasadas 36 horas fueron liberados.
Resta decir que este accionar responde a la creciente violencia institucional, siendo la misma producto del cambio de paradigma en la política migratoria de Argentina a partir de diciembre de 2015, retomando de ésta manera el discurso xenófobo y discriminatorio hacia las comunidades extranjeras, más precisamente hacia los inmigrantes de países limítrofes y del continente africano, instalando en la sociedad “la criminalización de los extranjerosˮ.
Una clara muestra de eso, fué el DNU 70/2017, modificatorio de la Ley Nacional de Migraciones, firmado por Macri, que recientemente ha sido declarado inconstitucional por la justicia por no cumplir los requisitos de ese tipo de decretos y porque las modificaciones son contrarias a los tratados internacionales respecto migraciones.
Citando los jueces en el fallo: “la violación de leyes migratorias nunca puede ser per se equiparable a la violación de las leyes penales, como para que la primera respuesta que den los Estados frente a la migración irregular sea la detenciónˮ.
