Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de nuestro paí­s su gobierno intentó reinstalar la teorí­a de los dos demonios, aplicando una mirada negacionista ante los delitos de lesa humanidad cometidos por los genocidas durante la Dictadura. De manera paulatina se fueron desmantelando programas y áreas del Estado que llevaban adelante las polí­ticas de promoción de los Derechos Humanos, ejemplo de ello es la intervención del Archivo de la Memoria, el desmantelamiento o cierre de las áreas de Derechos Humanos que funcionaban en el Banco Central, en el Ministerio de Seguridad y en el Ministerio de Defensa, siendo en este último caso de particular gravedad el área de archivos, los cuales volvieron a quedar en manos de las Fuerzas Armadas. En paralelo, la falta de presupuesto para mantenimiento dejó en estado de abandono los sitios de memoria. A lo que se agrega la propuesta del presidente de transformar en un Parque Nacional el ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo, por donde pasaron unas 5 mil ví­ctimas del genocidio, donde funcionó una de las maternidades clandestinas en la cual nacieron unos 200 bebés y donde se presume están aún muchos de los cuerpos de nuestros detenidos desaparecidos. A esto se suman los ataques reiterados en connivencia con el Partido Judicial hacia la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que derivaron en su intervención.

A su vez, respecto a los procesos judiciales, se visibilizó el desmantelamiento de áreas del Estado que participaban en la investigación de la complicidad empresarial con los crí­menes de lesa humanidad. Del mismo modo, se dio a conocer un listado elaborado por el Poder Ejecutivo para liberar 1436 presos por estar “en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisiónˮ esgrimiendo la burda excusa de necesitar poner una solución al hacinamiento de las unidades carcelarias federales. Más de 100 de estos presos que accederí­an al privilegio de la prisión domiciliaria, son genocidas. Entre ellos se encuentran Alfredo Astiz y Jorge “el Tigreˮ Acosta, integrantes del grupo de tareas conocido como “patota de la ESMAˮ, condenados por, entre otros crí­menes, haber secuestrado, desaparecido y asesinado a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y Mary Ponce de Bianco y al grupo de monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. En igual situación se encuentran el ex capellán Christian Von Wernich y Julio Simón, alias “el Turco Juliánˮ, entre otros.

En sintoní­a, el Partido Judicial haciéndose eco de la mirada reconciliadora del Ejecutivo, otorgó en el último tiempo numerosos privilegios de prisión domiciliaria a genocidas. De los 1044 detenidos por crí­menes de lesa humanidad, 518 gozan el privilegio de la prisión domiciliaria, según el último informe de la Procuradurí­a de Crí­menes contra la Humanidad. Al punto de intentar aplicar el beneficio de 2×1 a los mismos, debiendo retroceder por la magnitud del rechazo de los organismos de derechos humanos y la ciudadaní­a organizada. Los Juicios de lesa humanidad se ralentizaron, se apreciaron unificaciones de condenas, las sentencias van siendo más leves y los genocidas comenzaron a tener ciertos privilegios durante los procesos judiciales, como poder ausentarse a sus condenas aduciendo problemáticas de salud.

Uno de los retrocesos más terribles en materia de derechos humanos es volver a tener presos y presas polí­ticos/as. La compañera Milagros Sala fue la primera a poco de asumir Mauricio Macri en ser ví­ctima del entramado cómplice entre el Partido Judicial y el gobierno. No tardaron mucho en seguir engrosando la lista, poniéndonos en la mirada de organismos internacionales y ONGs humanitarias, que denuncian y visibilizan la falta de garantí­as constitucionales en nuestro paí­s. La precarización del Estado de derecho también trajo una escalada en la persecución a dirigentes polí­ticos y sindicales. Un plan sistemático por intentar acabar con los representantes de la población, con los interlocutores necesarios entre el gobierno nacional y los trabajadores y trabajadoras que van perdiendo sus empleos o ven sus salarios perder constantemente poder adquisitivo ante el aumento incesante de la inflación. Interlocutores también ante los adultos mayores, que viven en carne propia el desguace de sus jubilaciones, ante una reforma previsional aprobada a costa de balas de goma y gases.

De igual modo, se reprimió de forma sistemática la protesta social a la ciudadaní­a en reclamo de la garantí­a de sus derechos y a sus representantes polí­ticos y sindicales.  Las movilizaciones ya es moneda corriente que terminen con heridos y detenidos que deben soportar vejaciones por parte de las fuerzas de seguridad y afrontar procesos judiciales por el sólo hecho de reclamar lo justo. El objetivo es claro: desmovilizar al pueblo, romper el lazo social y quitarle legitimidad a nuestros representantes.

A su vez, en estos dos años aumentaron notablemente los casos de gatillo fácil. Según cifras de la Correpi y el CELS, cada 23 horas el Estado asesina a una persona. Sobresalen los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, de quien recientemente se determinó que no tení­a pólvora en sus manos, aunque pocos medios decidieron hacerse eco de la noticia. En este sentido, se destaca el caso del policí­a Chocobar, recibido en la  Casa Rosada  por el presidente Mauricio Macri, quien le reconoció su “valentí­aˮ y ofreció su apoyo, a pesar de estar siendo acusado de “homicidio por exceso en la legí­tima defensa”. Es un gran retroceso que un presidente democrático y todo su gabinete decidan defender a las fuerzas de seguridad cuando éstas atentan contra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, haciendo peligrar la vida de todos y todas.