En este marco, el nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit dio a conocer las amenazas de muerte que sufrió por parte de su apropiador antes de que fuera condenado; visibilizando el daño que puede causar que se deje en libertad a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Por este motivo, el día de hoy participó de una conferencia de prensa junto a Estela de Carlotto y su abuela Rosa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Servicio Penitenciario Federal elaboró un informe mediante el cual recomienda al Poder Judicial que se otorgue el privilegio de la prisión domiciliaria a 1.111 detenidos, dentro de los cuales se encuentran 96 genocidas junto a otros presos de alta peligrosidad. De cumplirse esto, recuperarían la libertad asesinos, torturadores, ladrones de bebés. El argumento esgrimido oficialmente se relaciona con la superpoblación de las cárceles, mientras lo que se subyace es la intención por parte del gobierno de Mauricio Macri de que triunfe una mirada negacionista que permita reconciliarse con los genocidas y sus cómplices civiles, hoy parte de su gobierno. A partir de esta noticia, se hizo saber el repudio generalizado de los organismos de derechos humanos y la sociedad civil en su conjunto.
Al respecto, en la conferencia de prensa, Estela de Carlotto resaltó: “Todos los días dejan libre un delincuente de alto nivel delictivo y les dan cárcel por las dudas a presos que llamamos políticos. La justicia siempre obró con una vara muy distinta en unos casos que en otrosˮ, marcando la contradicción del argumento oficial. En el mismo sentido, Estela destacó “Tenemos una justicia muy imperfecta y lamentablemente el Ejecutivo apoya esa justicia imperfectaˮ al tiempo que reafirmó “Exigimos que nuestros nietos y nietas puedan vivir finalmente en libertad”.
A través de su cuenta de Twitter, Guillermo Pérez Roisinblit dio a conocer el temor que le imparte esta posibilidad, remarcando las explícitas amenazas de muerte que sufrió por parte de su apropiador previo a la condena que recibió hace sólo 2 años, poniendo su caso como ejemplo de lo que podrían estar sufriendo otras víctimas de la dictadura cívico militar. En este sentido, en un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo remarcó: “Esta sensación de indefensión que padecen nietas y nietos restituidos se reitera cada vez que quienes cometieron el delito de apropiarlos, secuestrarlos y asesinar a sus padres cuentan con el beneficio de volver a sus casas sin haber completado sus condenas en la cárcel. Como es sabido, los controles de las prisiones domiciliarias son casi nulos y, en muchos casos, estos criminales ya han violado ese beneficio en otras oportunidadesˮ.
Esta misma sensación de indefensión es compartida por otras víctimas del terrorismo de estado, entre las que se destacan quienes, sintiéndose protegidos por un Estado que sostenía una política activa de Memoria, Verdad y Justicia; decidieron dar testimonio en los juicios de lesa humanidad. Política que desde que asumió Mauricio Macri se encuentra en claro retroceso, como vienen denunciando los organismos de derechos humanos a partir de las numerosas prisiones domiciliarias que se han otorgado, la unificación de penas, el ralentización de los juicios, los beneficios durante los mismos a los genocidas; en suma, el intento constante de promover un discurso reconciliador para con quienes han cometido delitos de lesa humanidad en nuestra patria.
Dentro de los 96 genocidas que podrían quedar en libertad además de Francisco Gómez, apropiador de Guillermo Pérez Roisinblit, figura el responsable de la apropiación de Victoria Donda, Adolfo Miguel Donda; Jorge “Tigreˮ Acosta; Julio Simón (a) “el Turco Julián” y el ex capellán Christian Von Wernich, entre otros.
Ante la desprotección y la revictimización a las que somete el gobierno nacional a quienes han sufrido en carne propia las peores atrocidades por parte de la dictadura cívico militar, serán acompañados y cuidados por parte de un pueblo que tiene memoria, que reclama y exige que el único lugar para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva.
