El titular de la cartera energética, Juan José Aranguren, informó que desde octubre el Estado dejará de intervenir en el mercado hidrocarburí­fero y serán las compañí­a privadas quienes fijen el valor del combustible. De esta manera, cualquier alza del valor internacional del crudo o cualquier suba del dólar se reflejarán automáticamente en el precio interno de la nafta.

El control de los precios del mercado interno obedecí­a a dos factores: por un lado era una manera de estimular la producción interna ante la suba de la demanda teniendo como horizonte el autoabastecimiento energético. Por otro lado era una forma de controlar la suba de precios y, en consecuencia, el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Desde que asumió Mauricio Macri se dio paso a una polí­tica de aumentos trimestrales en función del cambio en el precio del dólar y los valores internacionales del crudo. No obstante, estas alzas estaban monitoreadas y debí­an ser autorizadas por el Gobierno, que se allanaba a las pretensiones de las petroleras sin demasiados reparos.

Esta decisión atentará de lleno contra el autoabastecimiento energético, dado que las petroleras tendrán más interés en aumentar los precios para mejorar su rentabilidad en vez de aumentar la producción. Esto profundizará la caí­a en la actividad que en 2016 dejó un retroceso del 6,3% y en los primeros siete meses del año lleva una retracción del 9,4%. Al mismo tiempo que afectará el mercado laboral en las zonas petroleras de Neuquén, Santa Cruz y Chubut.

Esto acarrea otro problema y es que una caí­da en la producción obligará a una mayor importación. De modo que Argentina va a necesitar más dólares para tener combustible en un contexto de creciente endeudamiento, déficit fiscal, el déficit comercial más grande de la historia y una fuga de capitales sin precedentes. Un combo verdaderamente peligroso para la estabilidad macroeconómica.

Por otro lado, una suba abrupta de la nafta se trasladará al nivel general de precios de la economí­a porque van a aumentar los costos de distribución. Esta decisión afectará el poder adquisitivo de los argentinos. Asimismo, al ir a contramano de las metas de inflación, el Banco Central seguramente opte por continuar su polí­tica de una elevada tasa de interés que alienta la especulación financiera a la par de que desalienta la inversión productiva, la única que puede generar empleo genuino.

La decisión de Aranguren de volver al esquema liberalizado de los 90, seguramente con la promesa de las petroleras de mantener los precios hasta después de las elecciones, provoca ramificaciones perjudiciales en distintos sectores de la economí­a. Los únicos ganadores de esta medida son las petroleras de las cuales el Ministro es amigo, socio y probablemente accionista porque al dí­a de hoy no se conoce documentación fehaciente que demuestre que se desprendió de sus acciones de Shell, compañí­a de la que fue Presidente hasta diciembre de 2015.