Caí­das las hipótesis delirantes que hicieron correr desde las usinas comunicacionales del Ejecutivo como que Maldonado estaba en Entre Rí­os, lo apuñaló un vigilador, pasó a la clandestinidad para desestabilizar al gobierno o que lo llevó un matrimonio en una ruta, tuvieron que reescribir el guión. La masividad de la marcha exigiendo aparición con vida y la instalación del tema en la opinión pública obligó a un cambio de estrategia.

Luego de la férrea defensa de Patricia Bullrich sobre la Gendarmerí­a, hubo un viraje y comenzaron a reconocer que pudo haber “excesosˮ. En este escenario aparece una investigación interna del propio Ministerio, el resultado tardí­o de peritajes, y la decisión de citar en calidad de testigos a los gendarmes. Si se presta atención al orden cronológico de algunos episodios, la teorí­a de un encubrimiento de las más altas esferas del poder se torna verosí­mil.

El 05 de septiembre Mauricio Macri se reunió con la Ministra de Seguridad Bullrich, el Ministro de Justicia Germán Garavano, y el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. Al dí­a siguiente en Esquel, Avruj se reunió con el juez de la causa, Guido Otranto, el mismo que necesita que Cambiemos le apruebe un ascenso a camarista. Cuatro dí­as después de ese encuentro, el Secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, le entregan al juez Otranto el informe interno del Ministerio de Seguridad. Horas después el Magistrado decide hablar por primera vez con la prensa donde esquivó definiciones concretas salvo dos: deslindar de responsabilidades al Jefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Noceti quien está probado comandó en persona el operativo, y poner toda la expectativa sobre la prueba de ADN de las camionetas de Gendarmerí­a.

El informe que el Ejecutivo le entregó al juez pone el ojo sobre un grupo de siete gendarmes que entraron a los terrenos y llegaron a la orilla del rí­o, subdivididos en tres. A esto se suma que en las declaraciones testimoniales de esos gendarmes, sindicaron que uno de ellos reconoció haberle arrojado una piedra por la espalda a un manifestante, y otro haber efectuado un disparo de bala de goma en una distancia muy corta. Este relato tiene una intencionalidad. Es focalizar el problema en uno, o dos gendarmes, minimizando el hecho, abonando a la teorí­a del exceso de la fuerza policial. La teorí­a cierra para el Gobierno cuando se conoció el resultado negativo de ADN en los vehí­culos de Gendarmerí­a, lo que implica que no hay certeza genética de que Santiago haya estado en ellos.

Hay una serie de interrogantes que nadie responde y que conducen a sospechar que existe un encubrimiento. ¿Cuán determinante es la prueba de ADN sobre los vehí­culos si se la ordenó varios dí­as después de la desaparición de Santiago, luego de que se hayan lavado las camionetas y adulterado los registros de la Gendarmerí­a? ¿Por qué si la Ministra Bullrich tení­a este informe interno al principio negó la responsabilidad de la Gendarmerí­a, negó que hayan realizado un operativo sin orden judicial, negó que hayan llegado a la orilla del rí­o y que hayan actuado por fuera de la ley? ¿Por qué nunca habló de ese informe?

Un elemento más, vinculado al entrecruzamiento de los celulares, alimenta todos los temores. Se secuestraron los móviles de los gendarmes participantes del operativo para peritar la información interna del teléfono. El problema radica en que tuvieron tiempo suficiente de borrar todo lo concerniente a su localización en el dí­a que se atendió una llamada desde el teléfono de Santiago. La retención de los dispositivos no se hizo inmediatamente. Probablemente el resultado de esas pruebas no aporte ningún dato comprometedor y lo usará el Gobierno para exculpar a la fuerza y limitarlo a un abuso de la violencia de un gendarme.

El técnico en comunicaciones Ariel Garbarz explicó que esa prueba judicial no tiene ninguna efectividad. Lo que se debe hacer es localizar la antena y zona donde estaba el teléfono de Santiago el 2 de agosto cuando se atendió una llamada por veinte segundos, determinar la celda de los celulares que estaban a metros del teléfono de Santiago y luego pedirle a las compañí­as de teléfono que entreguen la nómina de esos celulares. De esa forma se podrí­a saber quién tení­a el teléfono de Maldonado y lo atendió. Esa información no puede ser manipulada desde los móviles individuales. Tanto el juez como la fiscal rechazaron llevar adelante esa prueba. Consecuencia de ello, la Comisión por la Memoria presidida por Adolfo Pérez Esquivel, que es querellante en la causa, convocó a Garbarz como perito de parte para pedir que se lleve adelante esa medida probatoria. Al dí­a de hoy, ni el juez ni la fiscal le permitieron asumir el cargo impidiendo que pueda desarrollar esa tarea. Evidentemente, los funcionarios judiciales eluden las pruebas concluyentes que darí­an certeza.

Este conjunto de hechos y circunstancias hace suponer que la reunión que hubo entre el Presidente y sus funcionarios se resolvió instalar la versión de la culpabilidad de uno o algunos efectivos, eximiendo la responsabilidad de la fuerza en su conjunto y del Gobierno. Todo lo que siguió a ese encuentro parece destinado a que judicialmente se ratifique esa versión: la aparición de un informe interno recogido por el juez, las declaraciones públicas del magistrado, pruebas estériles y la negativa de llevar adelante otras que podrí­an aportar datos concluyentes.

Una desaparición forzada es producto del accionar de una fuerza estatal o para estatal, seguido de un encubrimiento del Estado. Cada paso que da el Gobierno Nacional y el juez de la causa es para generar confusión y oscurecer, no para brindar certeza. No dan ningún pasó para decir dónde está Santiago Maldonado y qué pasó hace cuarenta y cuatro dí­as.