Mauricio Macri, Marcos Peña Braun, Nicolás Dujovne y otros funcionarios repitieron hasta el hartazgo que ya se observaban en la economía señales de crecimiento y de recuperación del empleo. El Ministro de Hacienda llegó a decir que “el empleo está creciendo en forma constante desde julio de 2016ˮ.
Sin embargo, hasta las propias estadísticas oficiales desmienten al Ejecutivo. Se informó que el desempleo trepó al 9,2% y la subocupación al 9,9%, los valores más altos en una década. Hay una suba del 1,6% respecto al último trimestre de 2016. No es posible hacer la comparación con el primer trimestre de 2016 porque en ese momento estaba vigente el apagón informativo del Gobierno Nacional. Aunque si se toman mediciones alternativas, se ratifica la tendencia a la alza de la desocupación.
Estos datos preocupantes significan que hay más de un millón y medio de personas en Argentina que quieren trabajar, pero no consiguen un empleo. Estas estadísticas se conocen en un contexto donde el Jefe de Estado está más preocupado en instalar un discurso cínico contra los derechos laborales en vez de afrontar el problema real.
Los más de quinientos mil puestos de trabajo que se perdieron desde que asumió Macri se explican por sus políticas, muchas de ellas de carácter desindustrializador: poda salarial frente a una inflación galopante que empuja el consumo a la baja, tarifazos en los servicios públicos, aumento de los peajes y el combustible, apertura indiscriminada de importaciones, elevadas tasas de interés para solventar la especulación financiera.
No obstante lo anterior, en un acto que insulta su propia investidura, Macri prefirió responsabilizar por la situación a los trabajadores que sufren lesiones o despidos arbitrarios, y osan reclamar por sus derechos. Fue un paso más allá y acusó a un diputado nacional y a jueces de la nación de integrar una mafia. Patrocinar a trabajadores para que puedan ejercer sus derechos y hacer aplicar la legislación laboral no parece una mafia. Lo que sí se asemeja a la idea de una mafia es participar en el contrabando de autos desde Uruguay o querer hacer una red cloacal en Morón con sobreprecios y sin licitación pública, cosas de las que el Primer Mandatario sabe mucho.
La situación del empleo, como el de todos los indicadores, sigue sin mejorar y no se va a revertir en tanto persista este rumbo. Además de defender el salario, el consumo y volver a poner en marcha la producción local, impera, como bien precisa la plataforma de Unidad Ciudadana impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo, vital y móvil, además de rechazar todo tipo de flexibilización laboral y violación de los convenios colectivos.
