El 21 de abril de 2014 Belén -como se la conoció para resguardar su identidad- llegó a la Guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán por dolores abdominales. Luego de que se le diagnosticara un aborto espontáneo fue criminalizada por los profesionales del centro de salud teniendo que soportar entre otros abusos la violación de la confidencialidad médico-paciente, maltratos y violencia institucional. Como consecuencia de estos hechos, los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán (Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas) la condenaron a ocho años de cárcel por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía” permaneciendo más de dos años detenida.
A partir del conocimiento de este hecho aberrante el movimiento de mujeres a nivel nacional reaccionó denunciando este atropello y se manifestó a lo largo del país exigiendo primero la libertad y luego la absolución a Belén. Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales también exigieron que “se tomen medidas para la inmediata liberación de Belén en virtud de las violaciones que se cometieron, sin respetar estándares internacionales de Derechos Humanos”.
Finalmente ayer recibimos con agrado la noticia de la absolución de Belén pero alertamos sobre la posibilidad que haya otras mujeres en esta situación, siendo víctimas de un sistema judicial que castiga la pobreza y que lejos de resguardar la integridad de las mujeres monta la maquinaria judicial para condenarlas aún sin pruebas como en este caso.
